Gabriel aún batalla para sanar las lesiones en su cara, producto de múltiples fracturas tras el colapso del tramo elevado de la Línea 12. Él es una de las 103 víctimas que a un año de aquella noche, lo único que quiere es que se acabe todo, ya.
“Que caiga quien tenga que caer”, repite el joven, mientras que su padre, Gabriel, piensa lo mismo. Se cruzan muchos sentimientos y sensaciones. Primero, el dolor de las heridas, luego la ansiedad que genera el recuerdo, y finalmente el enojo por “la humillación” que le causaron las autoridades.
Y es que todas las víctimas han vivido un año duro. Enfrentarse a las autoridades, sostener reuniones y luego, tratar cualquier asunto de apoyos económicos a través de sus “enlaces” asignados, es decir, con aquellos servidores públicos que fueron puestos para que atendieran cada caso.
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Y es que de acuerdo con los registros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) reportan 91% de acuerdos reparatorios firmados, es decir, 116 núcleos familiares que accedieron a la reparación propuesta por Grupo Carso, y que representan los 280 millones de pesos.
A cada una de las víctimas se le entregaron diferentes recursos para atender sus casos, apoyos económicos para sus lesiones y becas, entre otras cosas.
La familia López Jiménez guarda silencio cuando escuchan a su hijo rememorar entre imágenes que ya no quiere tener en su cabeza, porque continúa trabajando sicológicamente en ello.
“Es un año, un año en el que quisiera que ya todo se acabara y tratar de dejar los menos cabos sueltos posibles”.
Para él, el trato de la Ceavi fue difícil, incluso se atreve a decir que “ha sido el trato más humillante que he recibido en mi vida, verme así, en ese estado, todavía darme ese trato y esa cantidad, fue todo junto”.
“Cuando me llaman la primera vez para ver la indemnización, me dijeron: ‘Te toca tanto’, me leyeron el documento, me lo dieron a firmar, obviamente no lo hice porque era una basura lo que me querían dar”, cuenta.
Gabriel viajaba en la Línea 12 luego de salir de la cafetería donde trabajaba. Era habitual que la llamada Línea Dorada se detuviera a cada instante, pero ese 3 de mayo de 2021 lo hizo más.
Le habían pedido en la cafetería donde llevaba 15 días trabajando y en la cual dejó de laborar, que cubriera el turno vespertino, así que abordó por la noche el Metro para dirigirse a su casa.
“Por azares del destino me dieron ese turno, yo salía a las 9:00. Abordo la Línea Dorada, el Metro comienza a fallar, se empieza a parar, a detenerse entre estaciones, la verdad es que eso era muy normal, pero ese día lo único que recuerdo es que se dio un frenón y ¡pum!, escuché que la gente empezó a gritar.
“Cuando desperté, pues estaba abajo de toda la gente. Salí como pude, me ayudaron” y corta sus palabras para decir que sigue trabajando sicológicamente para aligerar el recuerdo ingrato.
No acosamos a las víctimas
Para Ernesto Alvarado Ruiz, el asesor de la Jefatura de Gobierno, encargado de los casos de la L12 tras la salida de Armando Campos, todos han recibido los apoyos, pero si algunos han decidido no aceptarlos es por sus estrategias jurídicas y por sus abogados.
Aseguró que “no acosamos a las víctimas” y que no fue como lo contaron los abogados particulares, pues obedece a que no han accedido a los apoyos disponibles en el fondo de atención a víctimas.
“No, de ninguna manera [hubo acoso], hubo calidez, solidaridad, buen trato”, dijo.
Explicó que entregaron 100% de los apoyos a las familias de las víctimas y que este caso se ha atendido de manera integral y en menor tiempo, porque, según sus apreciaciones, desde el día de los hechos se entregaron 221 noches de hospedaje en hoteles para que estuvieran cerca de sus familiares en los hospitales.
También, el nombramiento de 107 enlaces para tratar caso por caso, vínculo directo con familias; se dotaron 21 becas en escuelas privadas; 251 becas mensuales aportadas por el DIF, recurso que se dará hasta el término de los estudios universitarios de los niños.
Se gestionaron 114 empleos, 94 en sector público y 20 en empresas privadas; se dieron apoyos para microempresas y se mejoraron 31 viviendas.
En este mismo sentido, se dieron viviendas nuevas, 71 departamentos del Instituto de Vivienda (Invi).
La Ceavi autorizó 5 mdp para gastos emergentes, mientras el Metro gestionaba la póliza de seguro por 45 mdp.
Ayer, Alvarado Ruiz destacó que respecto al proceso judicial, 76% de las víctimas afectadas designaron como asesores jurídicos a la Ceavi y a la FGJ, el resto fueron privados.
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Las vidas que se perdieron
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| Alejandro Mendoza Vega Angélica Segura Osorio Araceli Linares Xiques Brandon Giovanny Hernández Tapia Carlos Emmanuel Pineda Bernal Christian López Santiago Evaristo Lucas Santiago Gabriela Ramírez Medina Gildardo Rodríguez Galicia Idelfonso Barrios Castañeda Immer del Águila Pineda Ismael Salazar Juárez Jesús Baños García José Juan Galindo Soto José Luis Hernández Martínez Juan Luis Díaz Galicia Liliana López García Lorenzo Islas Cruz Mario Alberto Bautista Sánchez Melitón Velasco López Miguel Ángel Espinoza Flores Miguel Ángel Vázquez Castellanos Nancy Lezama Salgado René Jorge García Mendez Santos Reyes Pérez Sergio Valentín Rodríguez Salcedo | 53 años 44 años 52 años 13 años 38 años 41 años 56 años 31 años 53 años 47 años 29 años 42 años 28 años 34 años 60 años 39 años 37 años 60 años 25 años 46 años 41 años 24 años 23 años 71 años 31 años 61 años |
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