A un día de que se cumpliera un año del colapso de una trabe elevada de la Línea 12 del Metro, que dejó como saldo 26 muertos y más de 100 lesionados, un juez difirió la audiencia de vinculación a proceso donde la fiscalía capitalina buscaba imputar a 10 personas, entre ellas, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposo, lo cual no ocurrió.
Así, a un año del derrumbe, no hay detenidos ni imputados y el proceso jurídico sigue abierto, en esta ocasión, hasta el próximo 6 de junio que es la nueva fecha que fijó el juez, lo que provocó molestias de los abogados de las víctimas, quienes fueron los primeros en salir del acto judicial.
Uno de los inconformes, Cristopher Estupiñán, abogado de 12 de las víctimas, señaló que como parte de los argumentos que fueron determinantes para aplazar la audiencia, fue que uno de los exfuncionarios no conocía el expediente a fondo y que otro no se presentó por problemas de salud.
“Una vez más se difirió la audiencia por motivos injustificables [...] la razón fue que hubo la ausencia de uno de los exfuncionarios, específicamente el señor Juan Antonio Masón, por cuestiones de salud. Entendemos la cuestiones; sin embargo, debemos de ponderar el hecho de las víctimas, para quienes ya es totalmente inexcusable que no se celebren las audiencias”, dijo.
Otro de los litigantes de víctimas, Teófilo Benitez, calificó el hecho como “sin precedentes”, al asegurar que a la fecha no se ha proporcionado justicia a las familias que perdieron a un ser querido en la tragedia, argumentando que se sigue privilegiando a exfuncionarios como Florencia Serranía, a quien ni siquiera han llamado a declarar.
Según la fiscalía capitalina, se cuenta con una investigación profesional y exhaustiva, con lo que se concluyó que el colapso “fue originado por diversos errores en su construcción y que el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.
Mientras, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay total transparencia y atención a las víctimas, y que muchas de ellas optaron por una justicia restaurativa.
“[…] Hay servidores públicos que no pueden ver a los ojos a las víctimas, en nuestro caso sí, tan es así que ayer estuvimos con muchas de ellas, hemos hablado con ellas por teléfono, porque sabemos que hemos actuado de manera recta y estamos haciendo lo que la justicia permite y lo que las víctimas han aceptado, y no es a cambio de nada”.
La fiscal Ernestina Godoy indicó que “tradicionalmente se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados; sin embargo, se ha demostrado que, para lograr una verdadera justicia, debemos empezar por las personas agraviadas, es lo que conocemos como justicia restaurativa”.
El Gobierno de la Ciudad de México no aceptó el último informe causa-raíz de la empresa noruega DNV sobre el accidente de la Línea 12 del Metro, por el cambio de la metodología y un posible conflicto de interés.
El representante legal y asesor de contratos de la empresa, Héctor Salomón Galindo Alvarado, interpuso un recurso electoral en 2012 en contra del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“El último reporte no lo aceptó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, considera que no cumple con los requisitos que se le pidieron a la empresa, la calidad del estudio es muy distinto a lo que fueron los primeros dos, y se está en ese proceso solicitando a la empresa que cumpla con toda la metodología”, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
En conferencia de prensa, la mandataria dijo que se puede contratar a otra empresa ante el incumplimiento de la firma noruega.