Especialistas y abogadas indican que si bien el actual sistema de justicia permite llegar a acuerdos reparatorios entre empresas y víctimas, como se aplica en el caso del colapso de una trabe elevada de la Línea 12 del Metro, que el 3 de mayo dejó 26 muertos y más de un centenar de lesionados, consideran que falta mandar un mensaje más contundente de que las obras públicas deben construirse de forma adecuada y que no se volverá a repetir. Al momento no hay detenidos.
La penalista por la UNAM, Vanesa Mendiola, indicó que “el tamaño de la tragedia incrementa si, por un lado, como lo marca el actual sistema de justicia, se puede llegar a un acuerdo reparatorio, las autoridades e incluso las mismas víctimas deberían impulsar una ley para que algo similar no se vuelva a repetir, es decir, está la oportunidad para mandar un mensaje contundente hacia las empresas constructoras, empresarios y funcionarios de que las obras públicas se deben hacer bien, con material de primera calidad y durables.
“Debe existir una ley que de inmediato impute a los funcionarios en turno de la obra y a los anteriores. Por ejemplo, en lo que sucedió en el Paso Exprés en Morelos, no hubo responsables y sí víctimas, y ahora otra tragedia similar [...] este tipo de tragedias deben trascender”, expuso.
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A un día de que se cumpla un año de la tragedia en la Línea Dorada, hoy se reanudará la audiencia para seguir el proceso judicial contra los 10 exfuncionarios involucrados en la construcción y señalados en el expediente por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), así como ya lo ha adelantado la propia fiscal, Ernestina Godoy, presentar los acuerdos reparatorios firmados entre las familias de las víctimas y la empresa constructora CICSA.
Desde octubre de 2021, cuando la FGJ dio a conocer el resultado del peritaje de la causa del desplome (básicamente errores en la construcción y diseño de la Línea 12) se dijo que se priorizaría la justicia restaurativa, es decir, buscar acuerdos reparatorios entre los afectados y los encargados de la obra para evitar juicios largos.
Si bien de momento más de 80% de las familias de las víctimas han aceptado la compensación económica ofrecida por las empresas constructoras, el dinero, explican especialistas, no es suficiente para compensar los daños ocasionados.
En el reporte presentado en octubre, la fiscalía capitalina reveló que también se encontró una “instalación insuficiente e inadecuada de pernos de cortante, particularmente en la zona central del claro, así como un diseño inadecuado que originó agrietamientos en la construcción y soldaduras de mala calidad”, por lo que los exfuncionarios que participaron en la construcción de esta obra pueden ser imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.
Sin embargo, no hay detenidos por el caso, y de acuerdo con fuentes, podría establecerse un acuerdo reparatorio.
