El exjefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, tramitó un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación respecto a la orden de aprehensión que existe en su contra por delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a 2 mil 500 millones de pesos.
A una semana de que la FGJ solicitó la orden de aprehensión en su contra por los actos presuntamente cometidos durante su gestión como director General de Administración de la Policía Federal, el pasado 11 de agosto, Orta Martínez ingresó a través de sus abogados un escrito inicial de demanda en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
El 12 de agosto se aceptó a trámite, pero se le hizo una aclaración para que en los próximos cinco días hábiles precise “cuáles son las autoridades a las que reclama la orden de aprehensión que desea combatir en la presente instancia constitucional”, toda vez que en su demanda interpuesta, sus abogados no lo manifestaron.
“Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente. Por tanto, a fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos”, se les notificó.
Ayer en la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal salió publicado el acuerdo con número de expediente 306/2020, con el que Orta Martínez busca evitar su captura y la presentación ante un juez de control en el penal federal de Almoloya.
Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL informaron que también se les notificó a las autoridades capitalinas sobre el trámite realizado por el exjefe de la policía, toda vez que las autoridades federales solicitaron su colaboración para la detención del exfuncionario.
La mañana del viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Contraloría General de la Ciudad de México también realiza una indagatoria contra el
extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que esta casa editorial lo diera a conocer, y que será la misma institución la que determine si hay responsabilidades administrativas, así como de otro tipo.
“[La investigación] es un trabajo autónomo entre la Contraloría, la fiscalía y que se fortalecerá con el nombramiento del fiscal anticorrupción. Lo que es importante aquí decir, es que cuando hay cualquier entrega-recepción hay un trabajo de la Contraloría muy importante, porque cuando nosotros recibimos el gobierno, de igual manera, cuando sale un titular, pues viene una entrega-recepción y una revisión, el propio contralor puede informarles de acuerdo con el trabajo que ha realizado y los debidos procesos si ha encontrado alguna irregularidad o no”, explicó.