Nezahualcóyotl, Méx.— Irinea Buendía lleva 12 años de lucha incansable para que Julio César “N”, responsable del feminicidio de su hija Mariana Lima sea sentenciado y, con ello, lograr justicia.
Transformar hace seis años la forma como el Estado está obligado a investigar las muertes de mujeres, bajo una perspectiva de género, no fue suficiente; hoy —en 2022— sigue pisando salas de audiencia en los juzgados mexiquenses, esperando que el feminicida sea condenado por asesinar a su hija.
Activista, mujer de trato afable, rígida en su postura sobre el actuar “mediocre y corrupto de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia”, es un referente para las mujeres mexicanas, pues la oriunda de Morelos, quien vivió una infancia cobijada por el ambiente de provincia, se convirtió en la representante de cientos de miles de familias que lo dejan todo por alcanzar la verdad, la justicia para sus seres queridos y el cambio en las instituciones.
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Irinea ha reconocido que el 28 de junio de 2010 fue el último día de una vida que casi se ha difuminado en sus recuerdos, “el parteaguas en mi historia”.
Ese día recibió la llamada del exesposo de Mariana, de 29 años, asegurando que se suicidó. Dejó su tienda de abarrotes para aprender la forma en que demostraría que el entonces policía de la exProcuraduría de Justicia mexiquense la había matado, “ella no se quitó la vida”.
Es así que la madre de cinco hijas, acompañada por su esposo Lauro Lima, se volvió perito, defensora de los derechos humanos, luchadora inagotable de las causas donde hay familias con víctimas de feminicidio o desaparición a quienes el Poder Judicial y la fiscalía estatales les deben resoluciones justas.
Doña Irinea, como la llaman amigos y seguidores, se convirtió en una madre enfurecida, que acompañada por 10 familias en 2010 caminó por todos los juzgados estatales y las calles donde surgía otra víctima.
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Intentó convencer a 20 Ministerios Públicos, tres fiscales y tres procuradores estatales de que Mariana no se había colgado. “Imploré justicia, una investigación apegada a derecho, porque Julio es expolicía, pudo encubrir lo que hizo y además recibió ayuda”.
La mujer de cabello largo y cano de gesto adusto, expresiones rígidas, cercana a los 71 años, ha admitido que su vida dio un cambio hace 12 años. Tomó un rumbo inesperado, pasó de soñar con terminar su carrera para maestra en la normal a una investigadora autodidacta que se empecinó en demostrar la verdad ante las autoridades, acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Hace siete años presentó su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2015 emitió una sentencia histórica: ordenó reabrir el caso e investigarlo como feminicidio, omitir toda la información sobre el supuesto suicidio de su hija.
Este fallo es emblemático, afirmó Irinea, porque propició que la Corte emitiera directrices específicas para la investigación de muertes violentas de mujeres en el país, todos los hechos violentos en los que murió una mujer deben ser con perspectiva de género, sin antes suponer las razones por las que fue asesinada, no decir que la víctima lo provocó por su condición de mujer, por su vestimenta o su actitud, y privilegiar la escena para preservar todas las pruebas.
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Dos años después, tras la insistencia por parte del OCNF, entre sus integrantes y la propia Irinea, en el Estado de México se definieron los lineamientos para que todo homicidio doloso de mujer fuera indagado como feminicidio, y hasta 2015 el gobierno federal emitió 11 alertas por violencia de género en igual número de demarcaciones mexiquenses, mecanismo que pretende erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Sin embargo, solamente ha aumentado. En 2020, el Estado de México fue la entidad con más feminicidios del país, con 150, 15.97% del total.
En enero de este año volvió a encabezar la lista con 14 feminicidios de todos los registrados en México ese mes.
Para las activistas como Lorena Gutiérrez, quien a raíz del feminicidio de su hija Fátima, de 11 años, se involucró en el movimiento de defensa y aprendió de leyes, conocer a Irinea es “una de las mejores cosas que me ha pasado. Aprendí de ella mucho del camino andado, y eso sirve para quienes con el dolor seguimos peleando por justicia”.
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Es una de las mujeres más reconocidas, porque además, abandera otras causas, no sólo sigue en pie por la sentencia de Julio César, feminicida de Mariana, sino que se ha apropiado de otras luchas. Por ejemplo, la exigencia por parte de madres y familiares de víctimas de maltrato físico, verbal, así como de feminicidio y desaparición en la zona oriente.
Maricruz Velasco Nájera, mamá de Katia Yesenia Gómez, asesinada el 4 de junio de 2018, también es una de las activistas que ha recibido apoyo por parte de doña Irinea.
Mientras que “agradezco y abrazo su lucha con mucho cariño. Ojalá las otras ya no tengan que pasar por este camino tan abrumador. Que su generosidad le sea devuelta con el cariño de todas las que le admiramos y muchas cosas más que ayuden a su corazón noble”, aseguró.
Es reconocida por la empatía y el acompañamiento que otorga a otras familias, sin pedir a cambio nada más que sororidad.
Para Irinea, la vida de niña fue pacífica. Ha narrado que le gustaban las historias de su abuelo materno, que había peleado en la Revolución junto a Emiliano Zapata. En ellas, aseguró que “conoció la lucha por la justicia”, aunque no creyó que tendría que tomar valor de éstas para emprender su propia batalla.
Después de la secundaria se fue a Cuernavaca donde estudió en la escuela normal para profesora de educación básica; sin embargo, no pudo terminar la carrera técnica porque su hermana enfermó y ella decidió regresar a su hogar para apoyar a su mamá con los cuidados.
Tiempo después, toda la familia se trasladó al Estado de México para que la hermana fuera atendida en un hospital y se instalaron en Nezahualcóyotl, en el oriente de la entidad.
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Con el tiempo formó su propia familia. De la mano de su esposo Lauro criaron a sus cinco hijas e hijos.
Mariana, la tercera, estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 2006 hizo sus prácticas profesionales en Chimalhuacán. Ahí conoció a su pareja Julio César Hernández Ballinas, con quien se casó dos años después, en 2008, y que de acuerdo con doña Irinea, enfrentó severos problemas de violencia física, sicológica, sexual y económica, pues ella trabajaba, pero los celos de su esposo la llevaron a renunciar.
Un día antes de su feminicidio, Mariana fue a ver a su mamá. Le contó lo que enfrentaba, decidió abandonar a su marido y únicamente regresó ese día a casa, en Chimalhuacán, para recoger sus pertenencias: “Iba ilusionada por volver a litigar, ahora creo que lo hace en las audiencias en las que buscamos la sentencia de su asesino y en cada causa que respaldamos como una red de mujeres unidas por el dolor”, lo ha narrado varias veces.
El día que Mariana volvió por sus cosas fue la última vez que Irinea la vio viva. A la mañana siguiente, la expareja le llamó para avisarle que se había suicidado.
La sentencia por el caso de Mariana Lima Buendía es considerada por las agrupaciones feministas como emblemática, un resultado exitoso en el combate de la violencia contra la mujer, aunque la justicia por el feminicidio de su hija sigue pendiente, porque el policía ministerial fue aprehendido en 2016, pero cinco años después, y tras ocho jueces, sigue sin resolución.
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A cambio, Irinea y su familia fueron desplazados por las amenazas en su contra, y que ha comprobado que son por parte del exesposo de su hija.
Inmediatamente después de recibir la llamada, Irinea fue a casa de su hija. La vio postrada en una cama, escoltada por el policía ministerial, completamente golpeada y el cuerpo recién lavado. Estaba llena de golpes.
De acuerdo con el oficial de la exprocuraduría, al llegar vio a su esposa colgada con un lazo y un moño para regalo.
“¡Ya la mataste, hijo de la chingada!”, respondió Irinea del otro lado del teléfono. Así lo relató durante una audiencia.
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Dijo que el policía la había amenazado en dos ocasiones con matar a Mariana. Desde el inicio, ella sabía que era un feminicidio, pero la entonces Procuraduría General de Justicia mexiquense determinó suicidio y cerró el caso.
Las inconsistencias en el proceso y los 12 años de activismo la han llevado por varios senderos, como terminar la educación media superior y estudiar leyes. Aunque el dolor nunca cede por la pérdida de su hija, dijo que seguir en pie de lucha regresa algo de vida a todas las víctimas.