La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició una investigación contra servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) por dirigir el consumo de gasolina y diesel de los vehículos de la dependencia a la cadena de estaciones de servicio de Hidrosina.
El pasado 18 de mayo, la Contraloría General abrió el expediente CI/SSP/D/504/2021 por posibles hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas de servidores públicos que giraron instrucciones para instruir a subsecretarios, coordinadores generales, directores generales, ejecutivos de área y jefes de unidades departamentales de la SSC para que los 16 mil vehículos de la dependencia cargaran combustible exclusivamente en las 21 gasolinerías del empresario Paul Karam.
En el oficio dirigido a la SSC, del cual EL UNIVERSAL obtuvo una copia, Omar Benítez Estrada, titular de Jefatura de la Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control de la SSC, señala que se inició la investigación y que la dependencia tendrá cinco días hábiles a partir de que surta efecto la notificación correspondiente para que entregue información sobre el particular.
El pasado 10 de mayo, esta casa editorial publicó que la policía de la Ciudad de México otorgó monopolio de gasolina a Hidrosina, toda vez que, aunque en la capital del país operan más de mil 100 estaciones de servicio de diferentes marcas, los operadores de los automóviles de la SSC recibieron instrucciones de cargar únicamente en las 21 estaciones de la empresa mencionada.
También lee: Policía de la CDMX da monopolio de gasolina a Hidrosina
En ese entonces, la Oficialía Mayor de la dependencia, a través de un oficio firmado por María de Jesús Herros, directora de Recursos Materiales, estableció que la adquisición de gasolinas y diesel que realizan los automotores de la secretaría, con tarjetas magnéticas, se lleve a cabo en las 21 estaciones de servicio de Hidrosina durante todo 2021.
Concentrar las compras de 16 mil unidades en una sola empresa con permiso de expendio en estaciones de servicio representa un contrato por casi mil 400 millones de pesos al año.
Incluso el Oficial Mayor de la SSC, Celso Sánchez, a través de la Dirección de Transporte de la dependencia subrayó que “solamente reconocerá la dotación de gasolina o diesel que se realice en estas estaciones de servicio”.
La decisión tomada al inicio de mayo podría extenderse a los 40 mil vehículos utilitarios de todas las entidades de la CDMX, por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum paga alrededor de 3 mil 500 millones de pesos anuales.
También lee: Cabal busca quitarle Hidrosina a los Karam
A partir de lo publicado por EL UNIVERSAL y de las instrucciones giradas por Celso Sánchez y María de Jesús Herros —de acuerdo con el oficio SSC/OM/DGRMAyS/350/2021— la Contraloría General capitalina abrió la investigación “por posibles hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos de la SSC”.
Benítez Estrada, de la Jefatura de la Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control, argumentó que se inició la investigación al respecto de posibles faltas a cargo de estos funcionarios.
El Gobierno de la Ciudad de México respondió que el abastecimiento de la policía con Hidrosina “es por ahorro y para evitar malas prácticas”.
También lee: Catea policía capitalina bares de calle Madero en Centro Histórico
Sin embargo, la investigación iniciada sugiere que “si derivado del contrato consolidado número DEAS-16-2021, derivado del procedimiento de licitación pública nacional consolidado número SAF-DGRMSG-LP-03-21, son aceptados los pagos por medios electrónicos ‘Sí Vale’, para la adquisición de combustibles en las estaciones de servicio del Grupo Consorcio Plus (Hidrosina), en caso afirmativo indique en cuáles estaciones de servicio de dicha empresa los acepta, debiendo remitir el soporte documental correspondiente”.
Lo anterior, por ser necesario para la “debida integración del expediente citado al rubro”.
Advierte que, en caso de incumplimiento a lo requerido por esta autoridad, “se le impondrá la medida de apremio contemplada en la fracción I del artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México”.