Las carpetas por despojo en donde estén involucrados asuntos familiares, divorcios, juicios sucesorios, y hasta conflictos vecinales serán atendidas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México y la Procuraduría Social (Prosoc), respectivamente.
Así lo señala el Plan de Política Criminal 2024 de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para que únicamente sea la institución la que se encargue de aquellas carpetas en donde están implicados grupos delictivos, así como la red operada por abogados, notarios, entre otros.
Las investigaciones de la fiscalía se centran en que los despojos que no están relacionados con conflictos vecinales o familiares forman parte de un modus operandi y no casos aislados.
Lee también: Incorpora Sistema Penitenciario firma con huella dactilar
Hallaron la participación de grupos delictivos que encontraron en esta actividad grandes ganancias económicas, sobre todo en inmuebles de víctimas vulnerables de la tercera edad, enfermas o solas y otras modalidades de ejecución.
“Mediante la segmentación de casos se investigan las denuncias por despojo de inmuebles por fenómeno criminal, a diferencia de aquellas que estén relacionadas con hechos derivados de conflictos vecinales, familiares, divorcios, juicios sucesorios, de arrendamiento, civiles y otros, que por su naturaleza deben dirimirse a otras instancias distintas a las penales”, se lee en el documento de la FGJ.
El esquema o modus operandi utilizado consiste en que los delincuentes simulan compraventas, usurpan identidad, fingen juicios para hacer fraudes procesales y hasta llegan a falsificar instrumentos notariales.
En el periodo 2019 a 2023 se realizó el aseguramiento de mil 007 inmuebles, de los cuales se restituyeron 432 a quienes acreditaron su legitimidad.
El aseguramiento de inmuebles por la autoridad, señala, hace que esta actividad sea menos lucrativa para los grupos delictivos, al mismo tiempo que inhibe su continuidad.
“La estrategia envía un mensaje claro contra la impunidad, genera un sentimiento de seguridad, certeza jurídica sobre los inmuebles y una percepción positiva en la ciudadanía”, enfatiza el texto.
Ante esto, la Fiscalía General de Justicia busca que para 2024 la estrategia de consolidación permitirá incrementar el número de inmuebles asegurados y los restituidos a las víctimas.
“Se rompió el esquema de investigación de ‘forma aislada’ [caso por caso] y se consolidó el Modelo de Investigación por Fenómeno Criminal”, asegura la FGJ.
Coordinación
La fiscalía señala que buscarán consolidar la coordinación que tiene entre las diversas instituciones de gobierno.
Para la atención de casos de despojo participa la Consejería Jurídica, Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Archivo General de Notarías, Colegio de Notarios, Tesorería, Oficina de Catastro, Tribunal Superior de Justicia y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
La participación de todas ellas ha logrado que la fiscalía obtenga datos de prueba, asegura, para la perfección de las carpetas.