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Las instituciones públicas de la Ciudad de México no respetan ni garantizan el derecho a la maternidad de trabajadoras y ejercen conductas sistemáticas de violencia y discriminación que no ocurre con hombres, concluyó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local en la investigación que derivó en una recomendación contra el Instituto Electoral, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva y la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Al presentar la recomendación 08/2020, la ombudsperson, Nashieli Ramírez, señaló que a pesar de los avances normativos y de política pública para reconocer derechos laborales de las mujeres trabajadoras de la capital del país, esto no se lleva a cabo en la realidad, por lo que a la comisión le preocupa que las instituciones antepongan argumentos como temas administrativos o de presupuesto, para no cumplir las obligaciones laborales.
“Preocupa que instituciones públicas antepongan ese tipo de argumentos para obviar las obligaciones que tienen frente a los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres y, por lo tanto, las afectan en el desarrollo digno de su embarazo, la crianza y salud de sus hijas e hijos”, expuso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
En cuanto a la recomendación 08/2020, la investigación refirió que tanto el Instituto Electoral, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva y la Policía Bancaria e Industrial violentaron los derechos a la crianza contra tres trabajadoras, Berenice Álvarez Becerril, María del Carmen Flores Rauda y Mónica Ríos Santana, respectivamente.
La funcionaria comentó que a las tres trabajadoras se les vulneraron los derechos jurídicos que les reconoce en “una etapa esencial y personalísima de su vida”, como el ejercicio elegido de la maternidad, la cual les fue recriminada, penalizada y cuestionada por las instituciones a las que se les remitió la recomendación.
Además, constataron que de manera directa o indirecta, las acciones de las autoridades condujeron a que ellas perdieran su fuente de ingresos y el goce de diversos derechos de las víctimas y sus familias.
“Los hechos constatados por este organismo resultan más alarmantes al ser violaciones ejecutadas directamente por personas servidoras públicas adscritas a dependencias e instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México, reflejando el poco avance que en ciertos escenarios públicos persiste, en relación a la garantía y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el contexto laboral”, explicó.
La CDH ha emitido cuatro recomendaciones sobre violencia laboral e institucional en contra de mujeres, pero la 08/2020 es la primera que documenta la violencia en el contexto del ejercicio de la maternidad, así como la violencia de género como fenómeno grave que limita el ejercicio de derechos al perpetuar estereotipos sobre su rol en la sociedad.
