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Desde hace varios años se han presentado en el Congreso de la Ciudad de México diversas iniciativas para combatir y endurecer las penas contra la extorsión; sin embargo, la gran mayoría se han ido a la congeladora.
En la presente Legislatura ya se propusieron más iniciativas en la materia, pero hasta ahora no han sido analizadas.
En septiembre pasado, el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo, planteó reformar el Código Penal local con la finalidad de sancionar a quienes utilicen a menores de edad para cometer extorsión.
En octubre, el panista Andrés Sánchez propuso incrementar las penas contra aquellas personas que extorsionen bajo la modalidad de la cobranza ilegítima y los montadeudas.
A estas se sumará la que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para incrementar las penas por este delito y que se persiga por oficio y no querella. Los morenistas se dijeron listos para legislar en la materia.
El recuento
En enero de 2020, el entonces diputado de Morena, José Luis Rodríguez, propuso una modificación al artículo 236 del Código Penal local para imponer hasta 24 años de prisión a quienes extorsionen amenazando a los familiares de la víctima, y a quienes cometen este delito desde los reclusorios; no obstante, esto nunca avanzó.
Un mes después, la otrora diputada del PVEM, Teresa Ramos, propuso establecer un tipo penal especial de extorsión, a partir del apoderamiento ilícito de las mascotas, y buscaba una pena de siete a 13 años de prisión, pero nunca se analizó.
En noviembre de 2020, la exdiputada Lilia María Sarmiento presentó una iniciativa para castigar con hasta 18 años de cárcel las extorsiones a automovilistas, ahora conocidas como montachoques, pero esta reforma también se fue a la congeladora.
En septiembre de 2022, el panista Héctor Barrera impulsó una reforma para sancionar con hasta 23 años de cárcel las extorsiones a establecimientos mercantiles, el famoso cobro de piso, pero tampoco se discutió.
En octubre del mismo 2022, la diputada local Elizabeth Mateos también presentó una reforma para sancionar con más de 22 años de cárcel las extorsiones que cometan personas que se hagan pasar como servidores públicos. Esta iniciativa tampoco avanzó.
En mayo de 2023, el otrora diputado Nazario Norberto presentó una reforma para castigar con hasta 30 años de prisión la extorsión conocida como gota a gota, pero no prosperó.
La exjefa de Gobierno y actual presidenta, Claudia Sheinbaum, envió en mayo de 2021 al Congreso capitalino una iniciativa al Código Penal local con la finalidad de aumentar las penas contra la extorsión, reforma que hasta la fecha se mantiene vigente.
