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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad indaga a una red integrada por personal médico de instituciones de salud, de la capital del país y la entidad mexiquense; empleados de los servicios médicos forenses; doctores y enfermeros particulares, e incluso funerarias establecidas y clandestinas, pues son señalados como responsables de expedir certificados de defunción alterados deliberadamente.
Estos documentos, según la denuncia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para certificar que las víctimas por supuesto Covid-19 fallecieron por enfermedades como insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por el virus, lo que además de representar un “riesgo para la sociedad” alteró las cifras reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta pandemia.
Los avances en la investigación apuntan a que por lo menos mil certificados desaparecieron, de los cuales han ubicado poco más de 800 que se expidieron en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán.
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Fuentes cercanas a la indagatoria explicaron que en caso de encontrar culpable a uno de los médicos o funcionarios, el castigo máximo que podría recibir es la perdida de su trabajo y posiblemente inhabilitarlos para ocupar un cargo público, pero no llegarían a prisión, pues el delito de presunta omisión que cometieron no es considerado grave.
En el caso de las funerarias clandestinas y médicos particulares la sanción podría ser más grave, de comprobarse que actuaron con dolo.
Trascendió que en la metrópoli realizaron inspecciones sorpresivas a más de 10 de funerarias que operan al margen de la ley, pues se cree que ellas tengan varios de los certificados alterados que no se han utilizado.
