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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación para deslindar responsabilidades y determinar el porqué el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) no regresó 5.7 millones de pesos, recursos federales que fueron entregados en el ejercicio 2015 como parte del Fondo de Capitalidad, ramo 23, atribuibles directamente al magistrado Carlos Vargas Martínez, quien en ese tiempo era el oficial mayor del órgano.
Según el expediente CG-DGAJR-DRS-0142/2018, se otorgaron un total de 14 millones de pesos a la Ciudad de México, de los cuales más de 5 millones fueron comprometidos para la construcción de juzgados orales penales en los reclusorios Norte y Oriente. La inversión representó 69.3% del monto total que se destinó a la capital del país .
El Tribunal Superior de Justicia detalló que para la construcción de los juzgados orales se ocuparían los 5.7 millones de pesos destinados bajo un esquema de financiamiento bianual (2015-2016); además, como parte de los planetado en el ramo 23, el órgano jurisdiccional sólo tenía que comprobar el ejercicio de los recursos con facturas y una serie de requisitos fiscales.
Sin embargo, el entonces oficial mayor, Carlos Vargas Martínez, reporta un saldo de reintegro sobre los recursos del Fondo de Capitalidad de 0.01 pesos, motivo por el que la Auditoría Superior de la Federación le dio como plazo hasta el próximo 15 de enero para entregar los comprobantes y facturas que demuestren que el recurso del ramo 23 se ejerció de manera correcta.
Al respecto, el ahora magistrado Carlos Vargas Martínez se deslindó de cualquier investigación y dejó en claro que no se trata de un desfalco o desvío de recursos, pues el Tribunal Superior de Justicia nunca recibió el dinero; todo, aseguró, lo administró la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, dependencia que en teoría debería de devolver el dinero en cuestión.
“Por la naturaleza del recurso, no es dinero que maneje directamente el tribunal, sino la Secretaría de Finanzas. Entonces, cuando se nos dice lo que es, nosotros nos concretamos a ejercer el dinero que fue previamente concursado y asignado, quiere decir por default que aquel recurso que no se asigna queda libre para que los destine Finanzas a lo que mejor determine o, en su caso, se regrese a la Federación.
“La acción de regresarlo, tomando en cuenta que ellos tienen el recurso, corresponde a la Secretaría de Finanzas, ésta tiene en sus arcas ese dinero siempre, lo que está únicamente en duda es el porqué no se regresó ese monto de manera oportuna”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL el magistrado Vargas Martínez.
El 7 de diciembre de 2018, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México remitió este caso a la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, instancia que ya notificó al magistrado de la investigación para que responda al respecto.