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ZonaDivas, la página de internet que por más de siete años se dedicó al tráfico, trata y explotación sexual de mujeres, en su mayoría extranjeras, utilizaba seis empresas para blanquear el dinero ilícito que obtenía luego de prostituir a más de 500 jóvenes que eran reclutadas principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Argentina. La empresa generaba, según autoridades federales, ganancias por más de 188 millones de pesos.
A decir de la investigación federal, compañías constructoras de carreteras, inmobiliarias, de publicidad y asesoría de imagen triangulaban millones de pesos a Panamá, luego a Estados Unidos y el dinero regresaba limpio al país. Las firmas investigadas eran las encargadas de pagarle a Ignacio “N”, Sony, fundador de ZonaDivas, más de un millón de pesos mensuales.
La investigación permitió identificar a esas empresas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló sus cuentas, al tiempo que se dio a conocer que la indagatoria continúa.
En la mira de las autoridades están miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes aparentemente facilitaban el acceso de las mujeres reclutadas en Sudamérica al país y hasta notarios públicos, quienes “avalaban” que no eran explotadas sexualmente.
Red de lavado. En una rueda de prensa conjunta, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo; la procuradora local, Ernestina Godoy, así como el titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Hugo Enríquez, detallaron que ZonaDivas intentó burlar a las autoridades que le seguían los pasos, pues una vez que se sintieron perseguidos, cerraron el portal y abrieron LaBoutiqueVIP con la misma estructura.
En el seguimiento puntual que le hacían a la estructura financiera de Sony detectaron un movimiento de capital de 188 millones de pesos a Estados Unidos y Panamá, lo cual fue clave para ubicar a 11 personas que trabajaban en esta red internacional de trata de personas.
Nieto Castillo resaltó que, hasta el momento, se congelaron 15 cuentas bancarias ligadas al caso.
Además se confiscaron siete cuentas de personas físicas y otras siete de personas morales, además de las del ahora imputado, pues todos formaban la estructura para blanquear el dinero. El funcionario federal dijo que también se encuentran bajo investigación seis empresas relacionadas a la publicidad y construcción.
Varios delitos. Por el caso, y hasta el momento, Sony tiene abiertas distintas carpetas de investigación por delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional y tres órdenes de aprehensión, de las cuales, una ya se hizo efectiva.
La investigación no ha concluido, ya que la red generaba ganancias millonarias que alcanzaba para corromper a funcionarios y policías de distintas dependencia.
Como parte de este trabajo se investiga a elementos de la Policía Federal que aparentemente brindaban protección a Sony y que le pudieron haber advertido de dos detenciones previas, también a elementos de la procuraduría capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX), quienes eran los encargados de “vigilar” al menos tres inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez, donde las jóvenes vivían.
De esos lugares se las llevaban a ofrecer sus servicios sexuales y luego las regresaban. Según la narrativa de las víctimas rescatadas, no tenían derecho de salir hasta que pagaran lo que Sony había invertido en ellas por traerlas a México; cantidades que oscilaban entre los 300 y los 500 mil pesos. A cambio de ese dinero, las obligaban a prostituirse.
Sony fue imputado por trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por lo que el juez le ordenó prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Varonil Oriente.
