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La liberación de El Alexis, presunto administrador de las ganancias ilícitas que genera La Unión Tepito por la venta de drogas al menudeo, la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, además de la invasión de predios en la zona Centro, alertó a las autoridades federales de posibles actos de corrupción en las esferas locales y federales de la administración de justicia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó llevar a cabo una investigación interna.
El objetivo del trabajo, según fuentes allegadas a la investigación, es determinar en qué punto del proceso legal —ya sea del ámbito federal o local— está “la falla” que provocó que, por ejemplo, los líderes de La Unión Tepito (Roberto Mollado Esparza, El Betito, y David García Ramírez, El Pistache) fueran trasladados de un penal de máxima seguridad al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
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Un juez federal ordenó que se regresaran a la capital del país, a pesar de que las autoridades carcelarias locales les explicaron que no se cuentan con las condiciones para resguardar a criminales con ese perfil, situación que mantiene a la Federación y al Gobierno de la Ciudad en una batalla legal, pues el primero rechazó a los capos en un penal de máxima seguridad y aquí no los quieren por considerar que son de alto riego para el resto de los internos.
La investigación se aceleró luego que se diera a conocer que hubo un retraso en la expedición de una orden de aprehensión —en el ámbito local— que la procuraduría capitalina solicitó en contra de El Alexis por un feminicidio que se le imputa.
Eso provocó que la orden de aprehensión saliera el sábado pasado, 12 horas después de que el imputado había sido liberado por un juez federal, porque no había los elementos suficientes para acreditar algún delito relacionado el crimen organizado.
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La procuradora de la capital del país, Ernestina Godoy Ramos, descartó que la liberación de El Alexis este relacionado con una cuestión intimidatoria hacia el togado; sin embargo, advirtió que hay que revisar a detalle esos casos, pues no deben repetirse, como ocurrió en esta ocasión, que la orden de aprehensión se retrasó y eso evitó nuevamente su captura.
El ecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta se dijo molesto ante la resolución, pues mencionó que la presencia de dichas personas puede desestabilizar a la capital y el hecho es desmotivante para la corporación que él dirige.