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El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que el Gobierno capitalino debe permitir y regular transportes compartidos como bicicletas sin anclaje y scooters; además, apostar por un transporte público de calidad, dejando de privilegiar el uso del automóvil y con ello lograr una mejor calidad de vida para las personas.
“Lo que el Imco propone es una regulación que no genere barreras de nuevos transportes, que permita la competencia a estas nuevas empresas”, dijo Manuel Molano, director general adjunto del instituto, quien comentó que se debe trabajar en las normas de convivencia.
Óscar Ruiz, investigador del Imco, dijo que la estrategia de la administración de Claudia Sheinbaum, de dar un permiso por 45 días, funcionará para tener conocimiento de la operación de estos sistemas y generar una regulación basada en evidencias, no en ocurrencias.
Tras la presentación del Índice de Movilidad Urbana, Ruiz detalló que cada vez es más difícil vivir en zonas centrales que disponen de servicios y acceso al transporte, gastando hasta 22 mil pesos al mes en zonas como el Centro, por lo que la mayoría decidió vivir en la periferia, como en Ecatepec, donde pagan rentas de hasta de mil 585 pesos.
Destacó que la gente destina 19% de su salario a transporte cuando vive en el Centro; sin embargo, su gasto aumenta a 22.4% cuando viven en la periferia, además pierde horas productivas en traslados. Estos desplazamientos y la estrategia del Gobierno de privilegiar el uso del automóvil particular ha generado que en el Valle de México haya un aumento, entre 1990 y 2015, del parque vehicular, que llega a más 5 millones actualmente.
Consideró necesario trabajar en un transporte público eficiente y seguro, pues la inseguridad es otro de los factores por los que la gente prefiere utilizar vehículos propios.
Ante esta situación, el Imco propone que el Gobierno promueva un transporte público limpio y financieramente sostenible, con precios que cubran los costos de operación, pero que contemple tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
Sugiere elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público e incentivar el uso de éste, el cual podría financiar con impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.
También pide fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamiento, como ocurre aquí y en Guadalajara.
