El exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el exdirector de obra de la Línea 12 , Moisés Guerrero Ponce, presentaron una denuncia penal contra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por haber contratado a la firma noruega DNV para la realización del peritaje forense sobre el derrumbe de la Línea Dorada.
También interpusieron una querella ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina por excederse en sus funciones y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, pues consideran que la información que se ha dado sobre el percance les está generando un daño.
De acuerdo con el abogado de Horcasitas y Guerrero Ponce, Gabriel Regino, la dependencia se extralimitó de sus funciones al contratar a DNV, pues asegura que quien debió realizar el peritaje es la fiscalía, además de que violentó la normatividad al adjudicarle un contrato por 26 millones de pesos, cuando la ley establece que se debe realizar por invitación restringida o licitación pública.
“¿Acaso la Secretaría de Gestión de Riesgo le está tirando línea a la fiscalía? Nosotros sabemos que la fiscalía tiene peritos y muy buenos para realizar este tipo de trabajos”, precisó.
Consideró que la administración capitalina ha actuado de manera apresurada e “inquisitiva” en la investigación, con la finalidad de implicar a sus defendidos en el colapso de la Línea 12, cuando para ellos la principal causa del desplome fue la falta de mantenimiento, ya que asegura que tienen documentados 20 incidentes después de que entró en operaciones.
“Esto puede tener una manipulación de carácter político”.
Regino mencionó que el acta constitutiva de DNV que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad establece que su objeto social es la certificación de “plantas marítimas”, algo que nada tiene que ver con de la caída de la trabe en el Metro.
Dijo que Horcasitas y Guerrero Ponce se presentaron a la fiscalía para saber si existe algún requerimiento o demanda en contra, que por ahora no hay, pero de suceder les enviarían los citatorios correspondientes, por lo que dejaron los datos de sus domicilios y de sus abogados.
Mencionó que el hecho de que el peritaje preliminar revelara que se trató de fallas en la construcción generó un daño a sus clientes, pues se hicieron señalamientos en su contra como los responsables del derrumbe, lo que motivó a presentar la queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, para pedir que los acompañe en el proceso y exigir a las autoridades que se conduzcan de acuerdo con el debido proceso.
En torno a la determinación del consorcio liderado por Carso de asumir los costos de la construcción, el abogado mencionó que tuvo conocimiento que ante la FGJ los presentantes legales de la empresa establecieron que ello no implicaba que asumían alguna responsabilidad.
Como litigante, explicó que esa actitud podría ser considerada “atenuante” en caso de que la investigación concluya que la constructora tuvo una responsabilidad, “es decir, se amarraron el dedito antes de cortárselo”.
Espera que en un plazo de dos meses el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y la presente ante un juez de control para determinar si hay alguna responsabilidad de la secretaria Myriam Urzúa y su equipo de colaboradores.
