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La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conminó al diputado local del PAN, Ricardo Rubio Torres , evite toda practica de conductas que representen violencia política en razón de género, en el trato y comunicaciones, con la coordinadora de Morena , Martha Soledad Ávila Ventura .
Ello, debido a que resultó “improcedente” la petición de la denunciante, de ordenar al probable responsable que, dentro del recinto legislativo, no se acerque o comunique con la diputada Ávila Ventura, así como que no asista a lugar de trabajo o entorno laboral, dado que ambos –denunciante y víctima—son representantes populares y, en consecuencia, tienes que cumplir con sus labores parlamentarias.
Además, dentro del acuerdo IECM-QCG/PE/311/2021, el organismo determinó mandar a “reserva de vista” las carpetas de investigación que aún integran la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEDE), a fin de que la Secretaría Ejecutiva se allegue de mayores elementos, “que podrían ser considerados violaciones en materia penal”.
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Cabe recordar que la resolución del IECM, así como de las indagatorias que realizan la FGJ y FEDE, es por la denuncia electoral y penal que a mediados del pasado mes de diciembre, interpuso la morenista contra el panista, para acusar a éste del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por los hechos ocurridos el 2 de diciembre pasado durante la sesión ordinaria en el salón de plenos del Antiguo Palacio de Donceles .
Incluso, a principio del pasado mes de enero, el Ministerio Público decretó protección por 60 días naturales en favor de la coordinadora de Morena en el Congreso local, para evitar cualquier posible agresión o que se le acerque el vicecoordinador del PAN, Ricardo Rubio Torres.
Dicha resolución de la agente del Ministerio Público, Marcela Martínez Tenorio , es con base en la denuncia penal que presentó la morenista contra el panista.
Con ello, el panista o algún tercero no debían acercarse a la denunciante, quien gozará de protección, “en virtud de que está en riesgo o peligro su integridad psico-física, además de salvaguardar su integridad y evitar continúen las agresiones por parte del imputado”, asentó en su resolución la representación social, de acuerdo con la carpeta de investigación CI-FEPADE/A/UI-1S/D/00526/12-2021.
De acuerdo con el documento, la autoridad judicial resolvió las medidas en favor de la denunciante, quien desde el momento que sea notificado gozará de la protección de la policía, mientras que el acusado deberá evitar cualquier tipo de conducta intimidatoria o de molestia al a víctima o a las personas relacionadas con ella.
Todo ello, fue resultado de lo ocurrido el jueves 2 de diciembre pasado, en el salón de plenos, cuando Ávila Ventura aseguró que “fui agredida e intimidada” por Rubio Torres, luego de que una de las asesoras del PAN, Karla Juliana Sosa, le pidió tranquilizarse ante la actitud del legislador, quien en tribuna rompió una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Empero, la morenista le respondió que no iba tolerar más actitudes agresivas y violentas de ninguna índole en el Congreso local, “y menos tomando en cuenta lo difundido por los medios de comunicación, de presuntas agresiones físicas de Ricardo Rubio a su esposa, indicándole a la asesora que eso lo expondría en tribuna”, declaró Ávila ante el MP.
Minutos después, dijo, Rubio Torres acudió al área de los diputados de Morena, para avisarles que solicitaría ratificación de quórum, “a lo que le respondí que estaba bien, que es su derecho. Se alejó, pero casi de inmediato dio vuelta y fue hacía mi para decirme, casi a gritos y en forma intimidatoria: ‘Si tiene pruebas de lo que dice, demuéstrelas’. Nada le respondí, porque me dio miedo”, reconoció.
Estas indagatorias generaron que el organismo electoral integrara el oficio IECM-SE/QJ/053/2022, por lo que requirió a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas información relativa a los probables responsables.
El 12 de enero pasado, se presentó en Oficialía de Partes de IECM, en vía de complemento de queja, el escrito signado por Yuriri Ayala Zúñiga , en su carácter de representante del grupo parlamentario de Morena, mediante el cual hizo del conocimiento de esta autoridad hechos novedosos.
Además, solicitó a dicha Comisión un nuevo estudio de medidas cautelares, con motivos de los hechos denunciados, relacionados con aquellos que dieron origen al procedimiento sancionador citado al rubro; los cuales, consisten en complemento a la queja inicial por violencia política en razón de género.
“Conductas presuntamente conculcatorias de la normativa electoral, atribuibles al diputado Ricardo Rubio Torres, para el efecto de la determinación de medidas cautelares para hacer cesar la violencia y la aplicación de las sanciones que correspondan y las demás consecuencias jurídicas que deriven”, estableció la abogada y diputada local de Morena.
Ante ello, el concejero electoral, Bernardo Valle Monroy, presidente de dicha Comisión, solicitó una serie de evidencias al Congreso local, desde las versiones estenográficas, sonido, videos y fotografías, además de las comparecencias de varios testigos, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, que provocaron, por ahora, dichas medidas de apremio.
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