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De 35% a 50% se calcula que fue la ordeña de gasolina en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el año pasado, dijo su titular Jesús Orta.
Durante 2018, la dependencia facturó 913 millones de pesos en compra de gasolina para patrullas y vehículos civiles, lo que supone que lo hurtado suma hasta 450 millones de pesos.
“El porcentaje de los eventos que pudimos observar a través de esta investigación fue muy variable… utilizaría un ejemplo de 50% porque es de lo que más veíamos. (…) De tal manera que yo no creo que haya tenido una muestra representativa, pero sí puedo decir que 50% es más o menos lo estimado real”, explicó.
En conferencia, el jefe de la Policía detalló que en este “huachicol digital” participaban empleados de logística que suministraban las patrullas y empleados de gasolinerías.
Ejemplificó que una manera de robo es que en las estaciones se reporta una venta por “x” cantidad pero a la patrulla se le suministraba menos —suficiente para hacer su vigilancia— y la gasolina restante es repartida entre particulares como taxis y Ubers a cuyos conductores se les cobraba menos por el combustible.
Otra manera es que los litros sobrantes, entre 15 y 20, se concentran en tarjeta o tag especial que se cambia por efectivo en estaciones de servicio: 50% se lo quedan gasolinerías y 50% los operadores del fraude.
Ante este robo de combustible, la SSC optó, como primera medida, por reducir en 30% el suministro de las patrullas y vehículos civiles: “Cuando estamos haciendo un ajuste, no estamos afectando la operación, porque el consumo que se requiere para la operación es menor inclusive al que estamos estableciendo en la dotación ya ajustada”, señaló el secretario.
Después se prevé dar de baja más de 600 vehículos modelos 2009 y anteriores, para ahorrar en gastos de mantenimiento, seguros, etcétera.
Además, a partir de junio se arrendarán mil 500 patrullas, con lo que se evitarían costos de mantenimiento y pago de derechos, además de reforzar el esquema de cuadrantes.
Sobre si habrá consecuencias penales a los responsables de este robo millonario, Orta dijo que serán la procuraduría capitalina y la Contraloría los entes que abrirán investigaciones.
Con la desarticulación de este esquema de robo de combustible, la dependencia calcula que ahorrará 200 millones de pesos al año.