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La determinación del jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, de retirar las placas en las que se hace alusión al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, generó polémica en la opinión pública.
Para el historiador Ariel Rodríguez Kuri la medida es oportunista, aunque también calificó como excesiva la reacción de quienes se han manifestado en contra.
“Me parece que hay algo de oportunismo en el Gobierno de la Ciudad al retirarlas en este momento, quizá lo pudo haber hecho mucho antes, pero tampoco hay nada extraordinario. Creo que una sociedad debe adecuar sus símbolos y su manera de rememorar el pasado”, dijo.
Aseguró que este tipo de determinaciones se han tomado en otros países como España, en donde se han cambiado los nombres de plazas y calles que rendían homenaje a la dictadura de Francisco Franco.
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“Hay mucha preocupación en los que critican la medida porque dicen que se va a perder la memoria respecto de la construcción de las líneas del Metro, eso es una vacilada, todo mundo sabe que las líneas del Metro se empezaron a construir a finales de los 60, bajo el gobierno de Díaz Ordaz; yo recomiendo que en todo caso se haga una cápsula del tiempo, la entierren con la placa y pongan otra donde se diga cómo se construyó e inauguró el Metro”, agregó.
Alejandro Rosas, historiador, calificó la medida como “decisión absurda”, argumentó que “Díaz Ordaz, para bien o mal, es parte de la historia, una historia de represión y violencia, pero la historia está para juzgar, analizar, comprender y estudiar las condiciones de como actuó en el 68”.
El cronista y columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauléon fue más contundente, y en su cuenta de Twitter redactó: “Qué estupidez. Los referentes históricos forman la memoria de una ciudad. No tienen que ver con ‘el sentir de la población’. Por ideas de este tipo perdimos el pasado virreinal, mutilamos la ciudad. No entendemos, no aprendemos”.
En contraparte, Alfonso Suárez del Real, próximo secretario de Cultura de la Ciudad, consideró la medida como una forma de “reivindicación moral” a las víctimas de 1968: “Estoy seguro que la decisión está perfectamente sustentada y bajo el derecho a la memoria”. Con información de Gerardo Suárez
