En la capital del país, les debemos a las mujeres trans lo que respecta a las violencias que sufren, afirma Geraldine González de la Vega Hernández , presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ( Copred ).
Ahonda que, si bien en la Constitución capitalina se establece que son un grupo de atención prioritaria , en la realidad aún son objeto de agresiones y hay pendientes institucionales para que accedan a la justicia.
Recuerda que está pendiente (está en proceso) crear el protocolo de actuación que propuso la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México ( CDHCDMX ) a la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ), cuando emitió la recomendación por la muerte de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans en cuya indagatoria no se respetó la perspectiva de identidad de género.
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Por ejemplo, detalla que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México también debe aplicar a las mujeres trans, en el sentido de aplicar protocolos, para atenderlas cuando reciben agresiones.
“Si la ley no hace diferencia, nosotros no tenemos por qué diferenciar. Es una ley en la que justo tenemos que implementar políticas públicas, orientadas a incluir a las mujeres trans en todas las políticas relacionadas con la erradicación de la violencia”, expone en entrevista con EL UNIVERSAL .
A raíz del intento de transfeminicidio que sufrió la activista trans Natalie Lane, hace una semana en un hotel de la colonia Portales, cuando un hombre la acuchilló, la presidenta del Copred reflexiona sobre la violencia que padece este grupo de la comunidad LGTB+ , que, considera, es el que está en la mayor situación de vulnerabilidad y marginalidad.
“Sabemos que muchas mujeres trans —porque los hombres trans suelen pasar más por hombres trans y no son tan agredidos ni tan estereotipados—, tienen esta cuestión de vivir las violencias cruzadas, por la transfobia y el sexismo”, detalla.
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Puntualiza que la deuda hacia las mujeres trans se concentra, del lado institucional, en que si bien todas las políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres tienen que tomar en cuenta a la comunidad trans, porque son mujeres, no es así.
“No las toma en cuenta porque no capacita o sensibiliza al personal que implementan esas políticas públicas, entonces, cuando viene una mujer trans a querer denunciar, por ejemplo, el haber sido víctima de un delito, pues vemos que tenemos autoridades que no la tratan como una mujer”, y por lo tanto no tiene esas medidas especiales.
Aquí es donde se cruza otro tema: los prejuicios de que no es mujer, lo cual se manifiesta a lo largo del camino de la justicia, desde los policías, la fiscalía y los jueces.
“Me parece que es un camino que todavía está ajeno a esta idea de entender que las mujeres trans son mujeres y que a ellas también les tocan todas las normas y todas las políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia en contra del sector”, argumenta.
Aquí, Geraldine hace un alto y recuerda que en los crímenes de odio, según han documentado organizaciones, más de la mitad son contra mujeres trans. Abunda que, además de la violencia, están en un tema de sexismo y clasismo que las margina aún más y las orilla a la precarización laboral, y en el caso del trabajo sexual , con todo este círculo de violencia, aún es mayor lo que viven.
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Insiste en el tema de que esta violencia se tiene que visibilizar, porque lo de Natalia se supo y se pudo impedir, pero se pregunta cuántos casos más hay.
En el Copred, en 2021, de las mil 387 atenciones y gestiones, 160 fueron de la comunidad LGBT, y de esos se abrieron 12 expedientes, cuatro de identidad de género.