Tlalnepantla, Méx.— En el proceso de depuración de 250 malos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “me percaté de que dentro de las filas de la fiscalía en el propio edificio de la FGJEM había 10 sujetos con órdenes de aprehensión, con mandamiento judicial, esos individuos seguían cobrando en sus plazas”, afirmó el fiscal José Luis Cervantes Martínez al reunirse con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem).
Entre los funcionarios que han sido depurados de la FGJEM por diversos delitos como extorsión y abuso de autoridad a dos meses y medio de que asumió el cargo de fiscal mexiquense, hay agentes del Ministerio Público (MP), policías de investigación y hasta directivos.
Ante los empresarios mexiquenses, Cervantes Martínez describió la tela de corrupción a la que se enfrentan víctimas, por ejemplo, de robo de vehículos, quienes son revictimizados en algunas agencias del MP, “donde todo tiene precio”.
“Es un calvario para las víctimas de robo de vehículos”, que padecen para acreditar la propiedad de su auto, si este llega al corralón, donde “casi todo tiene un precio y se cobra caro”, contó.
Hay “malos agentes del MP, malos policías municipales, y los servidores lo tienen muy claro. Cuando un vehículo es encontrado en la vía pública, hay una subasta para determinar qué grúa llega, cuál cobra o les viene mejor.
“Tan sólo por levantar el teléfono ya van 6 mil pesos de por medio, 2 mil para el policía, 2 mil para el MP y si le va bien al de la grúa mil o 2 mil pesos. ¡Eso es antes de llegar al MP!”, reconoció exaltado el fiscal.
En este encuentro con la Asecem, al que también asistió Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Raúl Chaparro Romero, dirigente de la Asecem, señaló que la inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía.
Ricardo Sodi a su vez conminó a los empresarios a conformar un observatorio ciudadano, especialmente en esta región del Valle de México, para que la ciudadanía recobre la confianza en las instituciones impartidoras de justicia.
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