Integrantes de la organización Las Constituyentes MX Feministas entregaron a la diputada local de Morena, Martha Ávila, una iniciativa que busca impulsar una 3de3 contra la violencia de género, para impedir que , acosadores y agresores de mujeres sean candidatos a cargos de elección popular.

Esta propuesta, que busca modificar la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código Electoral local, será presentada este miércoles ante el pleno del Congreso capitalino por la legisladora.

“Se buscan incluir entre los requisitos de elegibilidad que no estén condenados por los delitos de violencia familiar, por delitos de carácter sexual y no ser deudores alimentarios morosos. Estos requisitos se incluirán para los cargos de jefa o jefe de gobierno, de alcaldes, alcaldesas y concejales y así como de diputadas y diputados”, sostuvo Martha Ávila, quien agradeció la confianza del colectivo.

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Al respecto, Martha Gómez Moreno, integrante de Las Constituyentes MX Feministas, apuntó que no quieren en los puestos de elección popular a deudores de alimentos, acosadores sexuales y mucho menos a agresores en el ámbito familiar.

Indicó que los deudores alimentarios vulneran los derechos humanos de las niñas y niños; en tanto, la violencia sexual es la forma muy específica en que se lastima a las mujeres por su condición; y la violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en nuestro país.

Recordó que en 2021 se aprobó por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) un lineamiento dirigido a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para no permitir que los aspirantes a cargos de elección popular fueran violentados de mujeres, pero esto no es una ley.

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"Se firmó como una regla, más no como una ley, entonces esta normativa no obedece al contexto de emergencia nacional que tenemos las mujeres, por eso se propone que sea con antecedentes de denuncia, de investigación, procesamiento y/o de sentencia ejecutoria. Queremos que la sea un marco jurídico que garantice tres parámetros: se erradique a todo tipo de deudores de alimentos, de agresores y de acosadores y que se garantice que todas las instituciones del Estado se comprometen con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".

También se busca, dijo, que la paridad no únicamente sea cuantitativa, sino también cualitativa y prevenir la violencia política institucional. “Que nadie que vulnere un derecho en lo privado, tenga derecho a tutelar en lo público”.


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