El Gobierno de la Ciudad de México presentará este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en contra del Juez federal, Roberto Omar Paredes, titular de la sala de oralidad 1 en el Reclusorio Norte, por permitir la liberación de Fabián Osvaldo Jr, “El Cachorro” y Fabián Solís, operador de la Ronda 88, ambos acusados como generadores de violencia.

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció públicamente la presentación de la denuncia de hechos, la cual está sustentada en el artículo 225 del Código Penal Federal, por considerar que Paredes favoreció al “Cahorro” para ser sustraído de la acción de la justicia, y de comprobarse su responsabilidad, el juez podría ser sancionado con una pena de 4 a 10 años de prisión, explicó el Consejero Jurídico, Néstor Vargas.

A su vez, a pregunta expresa, Batres y el encargado de la Fiscalía General local, Ulises Lara, especificaron que Fabian Jr es quien tiene una orden de aprehensión, por los delitos de desaparición forzada y por quien se ofrece una recompensa de 3 millones de pesos desde agosto del año pasado, y su padre tiene una medida cautelar de firma periódica, al ser investigado como líder de la Ronda 88, razón por la cual, consideran que debió permanecer en prisión preventiva.

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Gobierno local denuncia penalmente a juez, por liberación de Fabian “El Cachorro”. Foto: Alberto Acosta
Gobierno local denuncia penalmente a juez, por liberación de Fabian “El Cachorro”. Foto: Alberto Acosta

“Y a pesar de que la recompensa que se ofrece por Fabian Jr, el Juez Paredes Gorostieta lo absuelve, lo libera y además lo ayuda para salir del juzgado federal. Es un hecho gravísimo, pone en riesgo a los habitantes de la Ciudad de México”, expresó Batres.

En la Conferencia, también estuvieron presentes el titular de la SSC, Pablo Vázquez, y el Jefe de la Policía de Investigación, Francisco Almazán, quienes señalaron que, independientemente de la denuncia penal en contra del Juez Paredes, trabajan coordinadamente con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y otras corporaciones, para dar con el paradero de los Fabianes y aprehenderlos, aunque no dieron detalles de las investigaciones, para no violar el debido proceso.

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