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El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad ordenó que se paren las obras de la Planta de Termovalorización El Sarape, hasta en tanto no se resuelva el juicio de nulidad que se interpuso por considerar que representa un gasto excesivo para la administración pública.
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, adelantó que no impugnará la decisión; pero la empresa Veolia, que forma parte del consorcio constructor, informó que sí lo hará.
El 29 de junio pasado, Adriana Gutiérrez Medina, en su carácter de presidenta del Consejo Ciudadano Delegacional en Xochimilco, interpuso una demanda de nulidad al contrato firmado por la Agencia de Gestión Urbana y la Sociedad Mercantil denominada Termo WTE, S.A. de C.V.
Argumentó que el precio ofertado por la empresa “no es conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México, pues por dichos servicios se pagará un precio mayor al del mercado”, lo que significaría un monto superior a la deuda pública local.
Según lo dictado por la Quinta Sala del Tribunal el 4 de octubre, el consorcio Proactiva Medio Ambiente, S.A. de C.V.-Veolia deberá demostrar los beneficios que traerá a los capitalinos la operación de la planta, con la cual se busca transformar los residuos sólidos en energía para el Metro.
Para la construcción y puesta en operación de El Sarape, el Gobierno capitalino firmó un contrato con Proactiva Medio Ambiente y Veolia por casi 13 mil millones de pesos. Además, se contempla un pago mensual por 2 mil 686 millones 780 mil pesos anuales. A lo largo de los 33 años, por los que se otorgó el contrato, la administración local estaría obligada a pagar al consorcio 80 mil 603 millones 400 mil pesos.
Ayer por la mañana, Amieva Gálvez comentó que el proyecto forma parte de las mesas de transición y, como tal, se ha atendido a la petición de Claudia Sheinbaum de no generar ningún tipo de acción adicional. Además, se pronunció por no impugnar la resolución del tribunal.
“Estamos en esa etapa de valoración del impacto que se está dando. Consideramos que si existe esta suspensión y los efectos de la misma es mantener las cosas en el estado que guardan hasta que se tenga una solución, pues estaremos atentos a que ésta se resuelva. No considero que se deba impugnar, vamos a ver cuál es el análisis jurídico que hace la Agencia de Gestión Urbana”, dijo.
Cuestionada sobre esta suspensión, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, se congratuló y reiteró que es parte de lo que Morena pidió, respecto de que se trata de un proyecto que requiere de mucho dinero. “Se quería endeudar a la Ciudad con más de 30 mil millones de pesos que no eran justificados”, afirmó.
Por separado, la empresa Veolia consideró que la suspensión que dictó el tribunal al contrato de la Planta de Termovalorización es improcedente, por lo que la impugnará.
“La resolución es improcedente, dado que la persona que lo ha presentado no tiene interés jurídico, la demanda carece de temporalidad y los argumentos presentados no tienen sustento; por ello, hemos procedido a impugnar a través de los recursos de reclamación legales”, informó.
Veolia, que es parte del consorcio que construirá y operará la planta, afirmó que acatarán la resolución del tribunal; pero advirtió que demostrarán que “la propuesta ofertada es altamente favorable en términos económicos, medioambientales y sociales; constituye, además, la única solución real para evitar que los residuos terminen en un relleno sanitario después del reciclaje y la reutilización”.