Más Información
Por casos comprobables de corrupción, malas praxis y posibles abusos de autoridad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer que, a un año establecerse el Consejo de Asuntos Internos de la institución, 48 servidores públicos han sido investigados por diversas causas administrativas y, luego de tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados.
De ese universo, 20 personas fueron destituidas de su cargo, 12 fueron suspendidas y 11 amonestadas, mientras que a cinco servidores públicos, también investigados, no se les encontró responsabilidad administrativa alguna.
Por otra parte, la Unidad de Asuntos Internos ha determinado que mientras se llevan a cabo diversas investigaciones, se ha suspendido temporalmente a 76 servidores públicos, de los cuales 42 son agentes del Ministerio Público, 21 oficiales secretarios, ocho responsables de Agencia y cinco peritos.
De entre los casos de servidores sancionados, destacan el que se registró en diciembre de 2019, cuando se detectó que un agente del Ministerio Público había sido acusado de torturar sicológicamente a una persona para que se declarara culpable; en este caso, el mismo oficial no realizó las investigaciones necesarias y correctas para esclarecer un homicidio, ya que habría omitido recopilar datos para la investigación, al considerarlo innecesario.
Asimismo, pudo haber hecho mal uso de la información vulnerable de los casos y habría ordenado a su oficial secretario manipular la información de varios oficios emitidos.
En otro de los casos, la fiscalía detectó que una agente del Ministerio Público se llevaba las carpetas de investigación a su domicilio, así como información en formatos físico y digital; incluso, habría aprovechado su posición como funcionaria para obtener beneficios económicos, posiblemente al vender, filtrar y alterar la información, por la que se indaga también a cómplices que la ayudaban a vender la información.
Mientras que en otro hecho, un oficial secretario pudo haber solicitado dinero en efectivo a una persona, a fin de liberar a un detenido que se encontraba en la agencia del MP Iztacalco 3, por el delito de portación de objetos aptos para agredir.
Al conocerse los casos, la fiscalía reiteró su compromiso de castigar a los funcionarios que no desempeñen cabalmente su trabajo.
