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El encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua -que el pasado fin de semana intentó detener al ex gobernador de la misma entidad, Javier Corral Jurado- “no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas”, por lo que advirtió que la detención que pretendían realizar aquí en la Ciudad de México, era ilegal.
Por lo que anunció que a fin de deslindar responsabilidades se inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, “y he determinado dar vista a la Fiscalía General de la República para lo que conforme a derecho proceda. En este sentido, el día de mañana, por conducto del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, presentaremos una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables, de esta violación flagrante a la Ley”, dijo el ex vocero y ahora titular de la dependencia en un mensaje a medios.
Como parte de la investigación la Fiscalía Capitalina por conducto de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), la información referida para conocer de manera formal si la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua contaba con facultades para solicitar la colaboración y la detección de Javier Corral aquí.
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Ulises Lara explicó también que pese a que la solicitud de colaboración fue presentada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua la noche del pasado 14 de agosto, “derivado de las investigaciones que hemos realizado, tuvimos conocimiento que agentes de esa institución ya realizaban, de manera irregular, labores de inteligencia e investigación en territorio de la Ciudad de México desde el lunes 12 de agosto, es decir, dos días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes”.
“Aquí cabe mencionar que la propia solicitud requiere que se autorice el ingreso de personal estatal en el período de siete días hábiles a partir de la presentación de la colaboración, es decir, a partir del día 14 de agosto, para practicar diligencias de investigación tendientes a la localización de la persona requerida para ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua se realizaron al margen de la Ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso”, continuó el funcionario.
Destacando que no sólo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona, desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración, “de todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos”
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A la Fiscalía local le “llamó poderosamente la atención” que dichos actos de investigación, hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la Presidenta Electa, “lo que incide de una manera clara la intención de generar inestabilidad política”.
“Tan es así, que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba la diligencia”, puntualizó el fiscal en turno, Ulises Lara.
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