Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograron identificar a una célula criminal con orígenes en el estado de Michoacán, la cual imponía una cuota ilegal de dos pesos por kilo a comerciantes mayoristas de pollo y huevo y de cinco pesos a minoristas, además de obligar a estos últimos a abastecerse en ciertos comercios.
Según el informe del fiscal mexiquense, José Luis Cervantes, entregado al Congreso local, las víctimas eran obligadas a comprar en cada transacción un mínimo de 50 kilos de pollo que no cumplía con los requerimientos sanitarios básicos para el consumo humano y por el que exigían una cuota ilegal de 48 pesos por cada kilo a cambio de no hacerles daño. Fueron asegurados 33 inmuebles.
