Por el colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el pasado 3 de mayo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó la tarde del lunes que un equipo de judicializadores se encuentra en la identificación de personas relacionadas directamente con el derrumbe, para realizar las imputaciones correspondientes por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
A través de una tarjeta informativa, la institución refirió que una vez concluidos los dictámenes periciales estarán en condiciones de formular la teoría del caso que llevaron al colapso y que estarán en la posibilidad de realizar todas las imputaciones correspondientes por el caso.
Señalaron que la identificación de personas se realiza tanto en el círculo de constructores y supervisores, como de servidores públicos, esto con el objetivo de deslindar responsabilidades.
Comentaron que hasta el momento las investigaciones han permitido la conclusión de los trabajos periciales únicamente en su fase de campo, por lo que quedan pendientes los de análisis del laboratorio al que se envió parte del tramo colapsado.
Además, se analiza la estructura en cuanto a soldaduras, pernos y acero de las superestructuras metálicas.
La institución refirió que ha iniciado la fase de integración del reporte de análisis comparativo de los resultados de laboratorio, esto con la información del proyecto ejecutivo, planos de diseño, planos as built, de taller y proceso constructivo.
Dicha integración es realizada por el equipo de la FGJ que efectuó las investigaciones e imputaciones en el caso del Colegio Rébsamen, el cual se derrumbó tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y que cobró la vida de 26 personas, 19 eran menores.
Ese grupo realizó las imputaciones, etapa complementaria y enjuiciamiento del caso Rébsamen, por lo que ahora se concentran en la recopilación de la Línea 12.
También lleva a cabo la identificación de personas relacionadas directamente con el tramo colapsado.
A poco más de dos meses del siniestro, las investigaciones continúan por parte de la fiscalía capitalina; además, se sabe que las víctimas han optado por la interposición de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al menos siete familias víctimas del colapso del tramo elevado se sumarían a la queja interpuesta por el abogado Teófilo Benítez, que hasta el momento se desconoce si ya fue interpuesta.