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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México anunció que el Consejo de la Unidad de Asuntos Internos impuso, durante el primer trimestre de este año, 43 sanciones a servidores públicos por incumplir el Régimen Disciplinario del Personal Sustantivo de la institución.
El encargado de despacho de la FGJ, Ulises Lara, explicó que a través de la Unidad de Asuntos Internos se decretaron seis amonestaciones y 18 suspensiones contra personal que ostenta u ostentaba según el caso, el cargo de Ministerio Público; también se impusieron 19 destituciones para 15 agentes ministeriales, dos oficiales secretarios y dos peritos.
Una vez concluida la investigación y radicado el procedimiento disciplinario a cada servidor público se le garantizó su derecho al debido proceso al efectuarse la audiencia de pruebas y alegatos, sin que desacreditaran la imputación que obraba en su contra.
“En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en el tercer tema de este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, indicó Lara.
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no tolerará conductas al margen de la ley en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad”, enfatizó.
Las estadísticas de la fiscalía detallan que las coordinaciones territoriales donde más bajas se han dado corresponden a las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac.
Entre los principales motivos para la suspensión están mala atención a la víctima, revictimizar a cualquier denunciante y por mal ejercicio de sus funciones como funcionarios públicos.
Otras de las razones por las que son despedidos los ministerios públicos y los agentes de Investigación son por actos de corrupción, es decir, reciben dinero por acelerar algún trámite que en teoría debe ser gratuito, y en los casos más extremos, son aquellos que están relacionados con el encubrimiento a grupos delictivos, estos últimos se han focalizado en las alcaldías Tláhuac, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
