Mientras el diputado sin fuero, Benjamín Saúl Huerta, espera presentarse ante un juez de control del Poder Judicial por su propia cuenta en cuanto se le notifique, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició su búsqueda y en menos de 24 horas cateó tres inmuebles, uno en Puebla y dos en la capital del país.
La tarde del viernes, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ catearon un inmueble ubicado en la colonia Narvarte, en donde sospechaban se encontraba el diputado federal acusado de violación; sin embargo, no fue positivo para las autoridades puesto que el inmueble era propiedad de uno de los abogados del legislador.
Los efectivos de la PDI presuntamente ingresaron con uso de la fuerza, rompieron vidrios y la puerta del departamento del litigante Rafael Castillo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, su hermano, Wilfrido Castillo, también defensa del diputado, señaló que la fiscalía capitalina le mintió a un juez de control para que les otorgaran la orden de cateo que cumplieron en el domicilio de su hermano, donde los agentes de investigación no pudieron llevarse ningún dato de prueba.
Acusó que en la diligencia lesionaron a la esposa de su hermano e impidieron que se llevaran documentos; sin embargo, realizaron destrozos en el inmueble y departamento. El abogado Rafael Castillo presuntamente argumentó a los agentes de la fiscalía que la diligencia se estaba desarrollando de manera ilegal, pues se trataba de un domicilio particular ajeno al diputado.
Ante los señalamientos, la fiscalía informó que la diligencia se hizo con apego a la ley y que tras tocar la puerta de acceso al edificio y del departamento y obtener respuesta negativa para ingresar, se ordenó a los elementos de la PDI utilizar las herramientas con que contaban para entrar.
Precisó que si bien es cierto que el mandato judicial autoriza al personal ejecutante de la orden de cateo el rompimiento de chapas, candados, cerraduras y puertas para lograr el acceso al lugar, la institución absorberá los gastos por los posibles daños que hayan resultado.
Antes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que deberá caer el peso de la ley contra del legislador exmorenista.
“Igual el peso de la ley, es un delito sumamente grave, entonces tiene que actuar la fiscalía, sea que se entregue o no se entregue, está la orden de aprehensión y tiene que haber justicia para las víctimas, sobre todo”, manifestó la mandataria.