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Asociaciones civiles que defienden casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes identificaron un patrón alarmante en los dictámenes periciales sicológicos que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, los cuales tienden a favorecer a los agresores, a pesar de que las víctimas menores de edad presentan rasgos de haber sido atacadas sexualmente.
El abogado de la organización Cauce Ciudadano, Armando Barrera Cuevas, señaló que en 100% de los casos que representan desde el inicio de la pandemia hasta el 17 de noviembre, —15 denuncias—, encontraron que en los dictámenes periciales practicados a los presuntos victimarios, la fiscalía arrojó que ninguno tenía rasgos de ser agresor sexual. Argumento que toman los servidores públicos para no judicializar las carpetas de investigación y mandar los expedientes al archivo.
“Hemos observado un patrón que consideramos muy grave, es en el tema de la propia investigación. Lo digo literalmente, en 100% de los casos que representamos actualmente, hasta el 17 de noviembre, las periciales de los presuntos victimarios están saliendo con una situación que determina que no presentan rasgos de ser agresores sexuales, de violencia familiar, de lo que gustes, y con ese argumento, a pesar de que el Estado tiene la obligación constitucional de respetar el interés superior de la infancia, pues deciden no judicializar y las están llevando al archivo”, aseveró el defensor en entrevista con EL UNIVERSAL.
Como parte del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, el abogado aseguró que los servicios periciales están siendo ineficientes, y por ese solo hecho los casos no están avanzando, y más durante el periodo que lleva la capital por la pandemia del Covid-19.
En cuanto al resto de los casos que Cauce Ciudadano representa, Barrera Cuevas prefirió no dar el número total, pero comentó que los han buscado para “salvar carpetas del archivo”.
“Insisto, o es una situación de incapacidad de los servicios periciales, o literalmente esos dictámenes periciales ya tienen precio”, y refirió que parece un tipo de modus operandi.
Laura Martínez, directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), refirió que la fiscalía capitalina está siendo inoperante frente a los casos de violencia sexual, incluidos los de niñas, niños y adolescentes, ya que han cambiado a dos fiscales y actualmente hay un encargado de despacho.
Adivac atiende semanalmente a 180 víctimas menores de violencia sexual, cuyos casos ocurrieron durante la pandemia.
“Las cifras oficiales se quedan cortas ante la realidad, a veces nosotros tenemos otras más altas que la misma fiscalía, entonces creo que estas cifras desafortunadamente en el tema de la violencia sexual y por la pandemia se quedan cortas”, expuso.
Ambos especialistas coincidieron en que otro de los factores vulnerables para la atención a las víctimas menores es el trato que se les da en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la FGJ, en donde las psicólogas revictimizan a los infantes, o incluso en ocasiones no cuentan con las carpetas de investigación que debe remitir el Ministerio Público, y durante la emergencia sanitaria sus operaciones se ven más limitadas.
“Nosotros somos los que estamos atendiendo a las víctimas, lo hacemos desde sociedad civil”, precisó Martínez.
EL UNIVERSAL consultó a la FGJ para saber el número de expedientes abiertos por violencia sexual contra menores de edad y las acciones de la institución frente a estos delitos, pero no obtuvo respuesta.
