Más Información
Toluca, Méx.— Una célula de La Familia Michoacana que operaba en la zona norte del Estado de México mantenía el control de la compra y traslado de materiales de construcción a través de un sindicato de transporte de carga, así como la explotación de una mina de grava, arena y piedra. Obligaban a adquirir con sobreprecio a empresas constructoras privadas y también a las administraciones municipales, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM).
De acuerdo con las investigaciones, se sabe que la célula también cobraba derecho de piso a las empresas constructoras de hasta 15% o 20% del costo total de la obra, además de solicitar un porcentaje por cada peón.
Por este delito fue aprehendido y vinculado a proceso Joel Ángel “N”, alias Skipy o Muletas, quien se encargaba de acudir a los proyectos de construcción y cobrar las cuotas.
La fiscalía detalló que la mina tenía como razón social Tres Estrellas, ubicada en San Felipe del Progreso. En ella explotaban materiales para construcción, sobre todo grava y arena, que obligaban a los ayuntamientos a adquirir con sobreprecio, además de imponer el traslado de materiales con transportistas adscritos al Sindicato Bicentenario.
Esta información se dio a conocer derivado del secuestro de un empresario de la construcción. Lograron identificar la operación de este grupo criminal, que tenía presencia principalmente en la zona norte mexiquense y además obligaba a las autoridades municipales y empresarios de la construcción a comprar sus materiales, explotados en una mina propia, en tarifas superiores a las del mercado e incluso en obras privadas pedían un pago de cuota por cada peón o trabajador.
A dicha célula también le incautaron al menos tres inmuebles en zonas de alto nivel adquisitivo de Toluca y Metepec, así como cinco camionetas con costos superiores a los 2 millones y medio de pesos cada una.
La FGJEM informó que en mayo fue denunciada la desaparición de un empresario de la construcción de la entidad. Durante la investigación para localizar a la víctima e identificar y detener a los implicados, establecieron como primera hipótesis que la persona fue previamente objeto de extorsión por una célula delictiva, valiéndose del apoyo de un sindicato relacionado con actividades de la industria de la construcción y transporte. La víctima fue liberada y se encuentra a salvo.
La fiscalía mexiquense, con base en sus atribuciones, inició proceso de extinción de dominio sobre los inmuebles, numerario, vehículos, mina y maquinaria asegurados.
