Como si casi 3 años de la desaparición de Nimbe no fueran suficientes, personal de la Fiscalía General de Justicia mexiquense ( FGJEM ) giró oficios de colaboración hacia otros estados con errores tan básicos como el nombre de la entidad al que van dirigidos.
A los retrasos causados por la pandemia de Covid-19, la familia de Nimbe Selene Zepeta Xochihua ha tenido que lidiar con el desinterés de las autoridades ministeriales, pues desde el año pasado tampoco se ha emitido el aviso de recompensa que les prometieron.
"Hasta ahorita no hemos tenido ninguna pista, no hay una pista concreta por parte de la Policía de Investigación de Neza, la Fiscalía dice que está investigando, pero hasta ahorita no hay ningún dato, ninguna pista que nos lleve a ella", señaló Ángel Zepeta, padre de Nimbe.
"Hubo errores en los oficios de colaboración enviados a todas las Fiscalías de todos los estados de la República, un decir 'Solicitamos el apoyo del Estado de Tamaulipas...' y abajo decía 'Realizar las pesquisas y búsqueda de Nimbe en Quintana Roo...' y ahora se están volviendo a mandar, eso hace que nos retrasemos más".
Desesperados por obtener respuestas, los padres de Nimbe acudieron con la Asociación de Familias Unidas por una Causa, quienes les ayudaron a obtener una imagen progresiva de su hija en Estados Unidos para actualizar las fichas de búsqueda con la apariencia de su rostro a los 20 años, su edad actual.
Nimbe Selene Zepeta Xochihua tenía 17 años cuando salió la mañana del jueves 30 de mayo de 2019 rumbo al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 35 “Leona Vicario”, ubicada en Valle de Chalco, a 15 minutos de Los Reyes Acaquilpan, la cabecera municipal de La Paz, donde tiene su domicilio.
Su mamá la acompañó a tomar el camión sobre la carretera México-Puebla rumbo a su escuela, donde habría un evento de orientación educativa para el ingreso a la Universidad, pero desapareció en el trayecto y nunca llegó al plantel. Ese día Nimbe también planeaba dirigirse a cumplir con su servicio social en la presidencia municipal de La Paz, pero tampoco llegó.
Preocupados porque no respondía su teléfono, sus papás fueron al CBTA y a la presidencia, sin éxito; entonces acudieron al Ministerio Público, pero el personal se negó a detonar la Alerta Amber y fue hasta dos meses después que se activó.
“No nos dieron la Alerta Amber (en el momento) porque consideraron que ella se fue a la escuela y no había ningún indicio de que alguien se la llevara, solamente si hay algún testigo es como consideran desaparición forzada, entonces nos dieron nada más la de personas desaparecidas”, recuerda Elena.
Su familia considera que las autoridades ministeriales fueron negligentes y perdieron minutos vitales. Todavía meses después, se cansaron de pedirle que hicieran el seguimiento de su teléfono y sus redes sociales. No hubo respuesta.
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