La extorsión telefónica es otro de los delitos que ha mostrado un incremento considerable en la Ciudad de México en los últimos años, a pesar del esfuerzo de las autoridades que se ven rebasadas ante los “vacíos legales” que, a decir de especialistas en temas de seguridad, “benefician a los delincuentes”.
En este sentido, la creencia de que las extorsiones se hacen en su mayoría desde los centros de reclusión cada vez es menor, pues a decir del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, comprar un chip o incluso un celular es muy sencillo en el mercado negro. Sin embargo, el verdadero problema es la sofisticación de las operaciones de esos grupos criminales y la impunidad con la que operan.
Han perfeccionado la técnica para extorsionar a sus víctimas, pues buscan a personas de la tercera edad, a quienes monitorean y vigilan, por lo que saben sus movimientos clave, cuántos habitan en casa, cuántos niños hay y los horarios laborales de los que generan ingresos, información que utilizan para engañar.
“Desde hace ocho años, los organismos delictivos operan de las dos maneras, ya sea aleatoriamente, desde un mercado abierto, como en una suerte de call center, así como con inteligencia material o presencial, lo cual quiere decir observación de las víctimas; sin embargo, hay que destacar que el promedio de daño es menor, estamos hablando de 7%”, comentó Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano.
En este sentido, el funcionario explicó que gracias a la aplicación, No más extorsiones, con la que cuenta el organismo, se han logrado detectar poco más de 150 mil números celulares desde donde se hacen llamadas de extorsión, secuestro y engaño, que se pueden bloquear de manera inmediata.
“Hacemos un llamado a que las tiendas de conveniencia participen en una mesa de seguridad contra la extorsión, se han resistido desde hace por lo menos unos 10 meses a que se conozca quiénes son los propietarios y adquirentes de los teléfonos”, puntualizó.
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“Esa cifra es alarmante, y si le sumamos que la cifra negra en la extorsión es poco más de 90%, estamos hablando de que los casos quedan totalmente impunes, entonces, el trabajo de las autoridades debe ser más preventivo, de conocimiento y de concientización, porque una vez que una víctima cae, no hay manera que se castigue a alguien y ellos quedan desamparados”, dijo Guerrero Chiprés.
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“Se debe endurecer este delito o asociarlo a otros, es decir, pues que se castigue como asociación delictuosa. De otra manera, va a seguir”, consideró Raymundo Avendaño, abogado especialista en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
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