El exsubsecretario de Administración y Capital humano, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Miguel Ángel Vázquez Reyes , durante la Administración del actual senador por el PRD y otrora jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera , dejó la prisión luego de ofrecerse como “testigo protegido” para la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) en la investigación que realiza la dependencia en contra de varios exfuncionarios de la administración pasada por un desfalco millonario al erario publico por más de 293 millones de pesos .
Se espera que con la información, datos de prueba, números de cuenta, expedientes e incluso algunas llamadas telefónicas en poder del imputado, que la tarde de este miércoles dejó el Reclusorio Norte , se pueda robustecer más la investigación para deslindar responsabilidades, agentes cercanos a la carpeta de investigación dieron a conocer que no se descarta incluso que con los datos aportados por el “testigo protegido”, se puedan fincar responsabilidad a funcionarios de primer nivel de la administración pasada.
El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, explicó que esta modalidad de investigación -la de convertirse de imputado a testigo protegido y dejar la cárcel- esta contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales facultan al Ministerio Público para aplicar dicha figura jurídica, “que permite al imputado ser un testigo colaborador, previo análisis de los datos que consten en la investigación, a fin de proporcionar información vital y fidedigna en la propia indagatoria que se tiene abierta en su contra, con lo cual el ex servidor público ha proporcionado algunos nombres y datos que ya se integran en la misma”.
“Lo anterior, insistimos, con la finalidad de que el representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se allegue de los elementos probatorios necesarios para ampliar y robustecer la investigación, a fin de ahondar en la posible comisión de delitos cometidos en agravio del erario público, además de la posible participación de otras personas servidoras públicas, así como actores políticos actuales”, expuso el funcionario.
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apr/nv