Autoridades capitalinas han expropiado un total de 513 unidades privativas (departamentos) en 34 edificios de la Ciudad de México, para “limpiar jurídicamente” y avanzar en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de septiembre de 2017.
Jabnely Maldonado, titular de la Comisión para la Reconstrucción, explicó que de no realizar ese mecanismo jurídico que se puso en marcha en 2019 habría más retraso en la acreditación de los inmuebles de las familias afectadas, lo que, a su vez, retrasaría los trabajos de reconstrucción a los que se comprometió la actual administración.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la comisionada precisó que la mayoría de los edificios donde se tienen expropiaciones, 25 de ellos en proceso están localizados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, territorios que fueron los más afectados por el temblor de hace seis años.
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“Sin este mecanismo iríamos más atrasados en la acreditación de la propiedad de parte de las propias familias (...) hay dos grandes razones por las que la gente no acude a la vía judicial o al notario a arreglar sus papeles. Lo primero es porque es costoso; la segunda es por una falta de toma de decisiones, de que la familia diga ‘vamos a sentarnos a platicar qué va a pasar con el bien’; se va relegando”, señaló.
Argumentó que a diferencia de las expropiaciones habituales, en las que generalmente se otorga una indemnización a las personas por expropiar sus bienes, en este caso esta indemnización es la restitución del departamento afectado.
“Es reconstruir ese departamento y pagar esa expropiación en especie a través de la unidad privativa [departamento], es así que uno de los requisitos en los que el gobierno pregunta a Finanzas, en este caso, al titular del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, es si hay viabilidad financiera o suficiencia presupuestal para poder hacerse cargo de una expropiación, el Fideicomiso siempre contesta que sí, porque como parte del programa esa indemnización es el departamento entregado físicamente”, expresó.
Maldonado detalló que este proceso de expropiación no se hace únicamente en los departamentos afectados por el sismo, sino que también “van de la mano” los indivisos que están vinculados a esa propiedad, “es decir, si en ese departamento se tenía el contrato de compra-venta de un departamento y un cajón de estacionamiento, pues se tienen que expropiar estas dos unidades privativas”.
A poco más de cuatro años desde que arrancó el programa de reconstrucción en la actual administración, Jabnely Maldonado consideró que este procedimiento es beneficioso para la población en el sentido de que no tienen que buscar a un abogado y se les da seguridad de que sus procesos legales concluirán en determinado tiempo, particularmente en el contexto de la pandemia, por la que se alargaron algunos procedimientos.
“La gente no se mete en un proceso legal y pagar a un abogado, muchas veces en los juicios no tienes el ritmo de decir que en tres o cinco años se acaba. También por la pandemia muchos juicios y procedimientos han sido mucho más largos que los términos que marcan los códigos procedimentales y hemos avanzado mucho más en la acreditación de la propiedad y la certeza jurídica para familias damnificadas por esta vía que si hubieran emprendido un proceso judicial”, dijo.
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