Este lunes 15 de julio, fue expedida la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, mediante la cual el Gobierno capitalino contempla garantizar y proteger ese derecho, así como ejercer su atribución de dirigir los programas sociales implementados por las alcaldías, y con ello evitar la duplicidad de apoyos.
Esta nueva ley que reemplaza a la de Desarrollo Social, señala que los programas que implementen las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno local, a fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar su impacto económico y social.
“En la Ciudad existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas sociales de la administración pública, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas que acceden a los diversos programas de bienestar e igualdad. La información del padrón deberá estar desagregada en variables suficientes que permita conocer y evaluar el alcance diferenciado en distintos grupos de la población”, precisa el artículo 62.
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Además, contempla la creación del Consejo de Consulta y Participación en materia de bienestar, el cual estará integrado por la jefatura de Gobierno; el titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y 10 representantes de la academia, organizaciones sociales y comunitarias.
Igualmente, se tiene previsto un Programa Especial en la materia, que se elaborará de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Instituto de Planeación; será aprobado por la jefatura de Gobierno; tendrá una vigencia de seis años y deberá elaborarse durante el primer año de la administración, a partir de la asignación del presupuesto de egresos.
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CDMX refuerza su política de bienestar social con nueva ley del Derecho al Bienestar: Batres
La nueva ley fue presentada públicamente, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, por el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien destacó que en dicha norma queda establecido que corresponde a la administración central dirigir toda la política de bienestar social en todo el territorio de la capital, y articulará acciones sociales con otras instancias, incluidas las alcaldías.
“Hay mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación mucho más compactos y precisos que en la legislación anterior. Se establece un programa especial de bienestar, un padrón unificado de beneficiarios de los programas y la articulación con las diversas instituciones, dependencias y también con las alcaldías, que sí son mencionadas aquí en esta ley”, enfatizó el mandatario.
En dicho acto, al que acudieron beneficiarios de programas del Gobierno central, el titular de Sibiso, Juan Gerardo López, indicó que entre las aportaciones de la nueva ley es la creación de un sistema general de Bienestar Social, integrado por diversas instituciones públicas, así como la planeación y programación de ese sistema, en el que participarán autoridades y organizaciones civiles.
EL UNIVERSAL publicó este lunes que actualmente, al menos una docena de los 98 programas que entregan las alcaldías son similares a alguno de los 40 apoyos que entrega el Gobierno capitalino o cumplen con los mismos objetivos, particularmente los que están relacionados con alimentación y para el combate de la violencia de género, por lo que la nueva ley busca evitar la duplicidad de acciones en la materia.
Al respecto, Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, expuso que en el ámbito de las competencias, en la referida ley hay un juego político, de restarle toda la fuerza a los gobiernos locales de oposición, para centralizarlo en el gobierno de la ciudad.
“Quiero reiterar y enfatizar que esta ley salvaguarda y garantiza las facultades de las alcaldías para instrumentar sus propios programas sociales, en beneficio de los habitantes de su demarcación”, sostuvo la diputada local de Morena, Martha Ávila, durante la presentación de la norma.
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