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Dado que la policía capitalina actúa como en los tiempos de Arturo “El Negro” Durazo , al realizar detenciones arbitrarias y sin respetar las garantías individuales de los ciudadanos, el diputado local del PAN, Pablo Montes de Oca, exigió al titular del C5, Manuel García Ortegón , aporte elementos y evidencias para coadyuvar a respetar esas garantías a implicados en acusaciones y procesos penales.
Explicó que el pasado 26 de diciembre, un grupo de sujetos cometieron diversos ilícitos en la colonia San Simón Ticumác, Alcaldía Benito Juárez , en la que aparentemente robaron una bicicleta y desarmaron a dos policías.
Derivado de ese hecho, y de acuerdo con el monitoreo que realizó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como C5, detectó a los probables responsables , quienes se escondieron en una vecindad de la zona.
Con esos datos, dijo el panista, la policía acudió al domicilio señalado por el C5 y detuvo a Uziel Antonio German Pérez, como probable responsable de esos ilícitos.
Sin embargo, los vecinos argumentaron que los hechos narrados no eran precisos, pues había inconsistencias en declaraciones asentadas en la carpeta de investigación, así como en el expediente del juicio penal, generados por esas acciones, ya que el imputado no estaba en el lugar de los hechos.
“Tanto la defensa del imputado como los vecinos, solicitaron al C5 los videos de ese día. Empero, al realizar la solicitud de dichos videos en la carpeta judicial 009/2287/2020, se les informó que las imágenes generadas por las cámaras de seguridad solo permanecen almacenadas durante siete días”, explicó el diputado.
Por ello, denunció que estas evidencias pudieron haber sido sobrescritos o borrados, pero en la fecha del acuse de recibo de la solicitud realizada, se puede observar que la petición de los mismos se realizó a la autoridad en tiempo y forma.
El legislador blanquiazul destacó que ese hecho, “es una clara violación al debido proceso, incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona procesada, indiciada, vinculada o sentenciada pueda defenderse, respetándose en todo momento su cumplimiento a la regla de trato y a la dignidad”, destacó.
Agregó que el derecho al debido proceso, siempre debe buscar la igualdad, imparcialidad, respeto, la verdad, la justicia y legalidad y su correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a la dignidad humana.
“Entendido éste, como aquella actividad progresiva y metódica, que debe de realizarse de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (ya sea sentencia absolutoria o condenatoria), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”, enfatizó Montes de Oca.
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