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Lerma, Méx.—
“¡Justicia para Fátima y sus familiares!”, exigió la diputada local Azucena Cisneros Coss, “luego de que la niña de 12 años fuera víctima de tortura, violencia sexual y feminicidio hace cinco años, ahora tribunales federales y del Estado de México pretenden volver a victimizar a los padres de la menor, repitiendo el desahogo de las pruebas que a lo largo de juicio oral se han expuesto una y otra vez”, y se sumó a la petición del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Esto al hacer un llamado al Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para evitar la revictimización de los familiares de mujeres asesinadas, especialmente de los padres de Fátima, luego del que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) pretende que se desahoguen nuevamente todas las pruebas del homicidio de la niña.
Este lunes, el juzgado federal resolverá el amparo interpuesto el 25 de noviembre de 2019 por familiares de Fátima, acompañantes y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, luego de que el TSJEM dictó una resolución en la que pretende que los padres de la menor y asistentes al juicio, revivan el desahogo de las pruebas que ya fueron valoradas, revictimizando de forma desproporcionada, afirmaron activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Hace cinco años, el 5 de febrero de 2015, Fátima fue sometida por sus agresores al salir de la escuela, quienes la atacaron sexualmente y la torturaron al dejar caer sobre ella piedras de 35 kilos, lo que además le provocó la muerte, en un feminicidio que impactó a los mexiquenses, pero especialmente a los padres de la niña, quienes han vivido una tortura prolongada, apuntó Cisneros Coss.
Durante estos años, la familia de Fátima ha soportado la presentación y desahogo de pruebas en el juicio oral, en diversos testimonios y peritajes han escuchado de forma directa la forma en que su hija fue agredida, lo que —además de profundo dolor— les ha generado estrés y consecuencias postraumáticas, dijeron activistas del OCNF.
“En 2017, uno de los probables feminicidas fue liberado; sin embargo, la familia de Fátima ganó el amparo directo 200/2017, lo que permitió reponer el proceso para efecto de volver a analizar una sola prueba presentada por el procesado y que la misma fuera estudiada y valorada bajo parámetros de debida diligencia y perspectiva de género”, señaló la ONG.
En 2019, la familia de Fátima tuvo que confrontar nueve meses más de audiencias y diligencias, logrando que dicha prueba fue excluida de la etapa de oralidad del juicio.
No obstante, el TSJEM vuelve a revivir la situación.
