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Representantes de bares y antros en la Ciudad de México pidieron mayor comunicación con el Gobierno capitalino y el Congreso, a fin de atender los vacíos que hay en la actual legislación de establecimientos mercantiles sobre protocolos de actuación, además solicitaron tener contacto directo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los empresarios llamaron a no estigmatizar al gremio de restaurantes, bares y centros nocturnos luego de la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, quien de acuerdo con la fiscalía del Estado de México, murió por ahogamiento debido a una sustancia química que fue colocada en su bebida.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Asociación de Negocios de Entretenimiento Nocturno (Anden), Carlos Landa, dijo que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad es contradictoria y ambigua sobre qué protocolos seguir en casos como el del empresario fallecido.
Lo anterior, aseguró, ha ocasionado que los negocios diseñen acciones encaminadas a incentivar al cliente al autocuidado: no manejar en estado de ebriedad, beber alcohol moderadamente y estrategias para minimizar su consumo, ofrecerles servicio de taxis de sitio o resguardar sus autos para que no conduzcan en estado inconveniente.
“Desafortunadamente a los establecimientos nos han delegado la responsabilidad del control, manejo, hasta el cuidado de los clientes, que debería de ser una tarea compartida entre clientes, establecimientos y la misma autoridad. Tal parece que somos las pilmamas de nuestros clientes y que les garanticemos que lleguen sanos y salvos a sus hogares, cuando hoy es del conocimiento general que los clientes no colaboran a que esto suceda”, expuso Landa.
Agregó que entre las contradicciones de la ley están el que no se puede discriminar, porque los establecimientos están obligados a darles el acceso a cualquier persona, “prácticamente no hay límites para que las personas ingresen”.
“Dice la ley que en un momento dado, si se altera el orden, nosotros tenemos que pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que vengan y retiren a estas personas, porque por el tema de la no discriminación, no podemos obligarlos a que salgan”, sostuvo.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), Ismael Rivera Cruces, dijo que debe regularse el protocolo de actuación, además de que la ley carece de un reglamento que indique cómo implementar las acciones; por ejemplo, en lo referente al alcoholímetro.
“No pueden ser los protocolos tan parejos porque depende de las condiciones, si un lugar está dentro de la plaza comercial y la persona tiene que tomar escaleras, tiene que haber un protocolo distinto a los lugares que estén a pie de calle, pero debería de quedar legislado que será obligación de todos los establecimientos cumplir con un protocolo y presentarlo en el Programa Interno de Protección Civil para conocer los pasos a seguir”.
Señaló que desde 2011 se cuenta con la Ley de Establecimientos Mercantiles que ha tenido pocas modificaciones, aunque “está sin reglamento”. Además, falta comunicación entre establecimientos, gobierno local y legisladores.
Agregó que respecto a la norma que indica tener alcoholímetros en el lugar, sólo opera cuando la autoridad va a verificar. “[La] ley te dice que tienes que tener un alcoholímetro, pero no dice cuál o qué tipo. Dice que se asemeje al de la Secretaría de Seguridad, pero ellos cada dos semanas están calibrando el aparato. Aquí los alcoholímetros pueden costar hasta 50 mil pesos y no hay quién los calibre”.
