Julio César Serna, quien fue jefe de gabinete del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, inició una estructura financiera que presuntamente le permitió triangular millones de pesos ilícitamente y junto con otros funcionarios creó empresas fantasma que se dedicaban supuestamente a rentar lugares para estacionamientos e inmobiliarias que compraban predios a precios de oferta para después construir plazas comerciales o complejos habitacionales, detallan las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General de Justicia local (FGJ).
La noche del sábado, elementos de la Policía de Investigación de la FGJ detuvieron, en la alcaldía Álvaro Obregón, a Julio César Serna, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, quien la dependencia presume como la cabeza de un grupo de funcionarios de la pasada administración que realizaron millonarios desvíos de recursos públicos.
En un mensaje a medios, el vocero de la fiscalía local, Ulises Lara, dijo que en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial de Julio César “N”, “los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó. Es posible que una parte de los recursos obtenidos por dicha persona tengan su origen en el ISR aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad”.
Según la fiscalía, en el Registro Público de la de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales local se le detectaron a Serna cinco bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales, así como 14 propiedades que no están en sus declaraciones de intereses.
Lara dijo que Julio César “N” también se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada en la FGJ para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos por su probable participación en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y en otra más iniciada en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, por su probable participación el delito de daño a la propiedad ajena.
El vocero resaltó que la información aportada por Miguel Ángel Vásquez, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano también en el gobierno de Mancera, fue relevante para las investigaciones de otros servidores públicos relacionados con la posible comisión de hechos con apariencia de delito, “que en su momento y en cuanto los tiempos jurídicos lo permitan, daremos a conocer”.
Una de las carpetas en contra del exjefe de gabinete de Mancera señala que presuntamente se enriqueció de manera ilícita en su paso como exdirector y administrador del Fideicomiso de la Central de Abasto (Ceda), en donde presuntamente otorgó contratos a cinco empresas.
Las empresas a las que se les entregó contratos con vigencia hasta 2027 son N3ERL, Cupkiris L&N, Comercializadora de Productos Saludables GHEMM, Lugar 42 y Arrendadora AGU.
Las carpetas de investigación en su contra se encuentran asentadas con folio CI-FSP/B/UI-B-2 C/D/18689/11-2019, abierta por el delito de peculado, y CI-FSP/B/ UI-2CD/18688/06-2020.
Las investigaciones por peculado también estarían concentradas en saber hacia dónde fue el dinero que ingresaba a la Central de Abasto.
Luis Ernesto Serna, exsecretario particular de Mancera, y hermano de Julio César, también es investigado y lo acusan de delitos del fuero federal y enriquecimiento ilícito.
Modus operandi
En las carpetas de la FGJ se detalla que para triangular millones de pesos se crearon empresas fantasma que se dedicaban a rentar lugares para estacionamientos y empresas inmobiliarias que compraban predios a bajo costo para después construir plazas comerciales o complejos habitacionales.
También se indaga, por el supuesto arrendamiento de camionetas de lujo usadas en “actos oficiales”, la contratación de empresas para realizar esos mismos eventos —de las que Hacienda no tiene registro— e incluso, empresas factureras que entregaron documentos por servicios, aparentemente inexistentes, que lograron registrar millones de pesos en comidas, gasolina y otros servicios que también se investigan.
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