En al menos seis recomendaciones la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha señalado fallas en las investigaciones de feminicidios, como filtración de información, falta en la debida diligencia, revictimización, falta de reconocimiento a víctimas indirectas en las carpetas, entre otras.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta, Nashieli Ramírez, dijo que a pesar de los avances para combatir este delito, siguen existiendo estas carencias por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y falta en la Ciudad de México concentrarse en la prevención y análisis de contexto que llevan a ser víctimas de feminicidio.
“Las violaciones estructurales que vemos con relación al tratamiento del feminicidio en la Ciudad de México y que hemos venido denunciando, la primera es la revictimización de las familias y las personas cercanas de las víctimas en el momento de denunciar, solicitar la búsqueda, la falta de reconocimiento en la víctimas indirectas”, refirió.
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Y continuó: “La falta de debida diligencia, por la falta de análisis de contexto, el análisis es fundamental para entender los feminicidios (…) te da la explicación de por qué suceden las cosas, te da elementos de investigación. La otra es la omisión de brindar asesoría jurídica, la omisión de iniciar investigación de hechos, filtración de información a medios de comunicación, así como la falta de garantía al derecho a la verdad y medidas de reparación a las víctimas indirectas de feminicidio”.
Comentó que la fiscalía ha afinado los protocolos, pero “falta muchísimo” para que se lleve en la cotidianidad al momento de que las víctimas denuncian.
La debida diligencia ha quedado en las recomendaciones 1/2018 por el caso Lesvy; 7/2019 y la 09/2019 por filtración de información, 2/2020 y un informe temático de violencia de género en la procuración de justicia.
Contó que todas estas faltas halladas en las investigaciones se debe a que la autoridad está dejando a un lado la transformación constante de los que operan la justicia, a pesar de las capacitaciones, es decir, tener perspectiva de género, no como una ideología de género.
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Refirió que aquellos servidores públicos que piensen que la perspectiva de género es una simple ideología de género que “se vayan a trabajar a otro lado” y deben ser sancionadas las omisiones.
Un ejemplo de fallas en investigaciones la contó la penalista Ana Katiria Suárez, quien representa a las víctimas indirectas por el caso Fátima. Narró que los peritajes de la FGJ no estaban completos, por lo que solicitaron una nueva diligencia en donde ella y la tía de la menor encontraron ropa con rastros de sangre y diversos datos de prueba que se anexaron al expediente. En una de las paredes hallaron un mensaje de auxilio que pasaron por alto.
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