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Esperanza “N”, vinculada a proceso por el doble homicidio de los israelíes en la Plaza Artz Pedregal, trabajó como mesera en el Bar MK, propiedad de los hijos de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, extinto líder del Cártel de Tláhuac.
El local se ubica a unos metros de la estación Nopalera de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL dieron a conocer esta relación de la imputada por las muertes de Benjamín Yeshurun Sutchi y Alon Azulay con uno de los centros de operación del Cártel de Tláhuac, asentado en el sur de la Ciudad de México y quienes mantienen una disputa por el control del territorio con Los Rodolfos.
Sin embargo, aún la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no tiene identificado si Esperanza “N” es integrante del Cártel de Tláhuac, en tanto las investigaciones siguen sin descartar la línea ligada a la delincuencia organizada.
Este negocio o chelería, hasta el 30 de julio de 2017 era conocido como MK Club, administrado por Miguel Ángel Pérez Ramírez, El Mickey o El MK, quien está preso en el la zona conocida como el Diamante, del Reclusorio Oriente, luego de ser vinculado con el homicidio de un comandante de la Policía de Investigación del Estado de México.
Dos semanas después de que fuera abatido El Ojos, el 20 de julio de 2017 en un operativo de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Bar MK fue cerrado.
El entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó este operativo luego de ser identificado por agentes de la AIC y de la PGJ como parte de la organización criminal.
Pero el bar volvió a abrir con el nombre de KM Snack & Beer y bajo la administración de Samantha “N”, La Sam, operadora financiera e hija del extinto líder del Cártel de Tláhuac, pero fue clausurado el 8 de marzo pasado. Tres días después, el 11 de marzo, la Fiscalía General de la República anunciaría su detención.
La vincula en audiencia inicial. Un juez de Control vinculó a proceso a Esperanza “N” por el delito de homicidio calificado y le determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir al interior del penal femenil de Santa Martha Acatitla.
La primera audiencia de la mujer se prolongó por tres horas y media. La defensa de la imputada se desistió de solicitar la ampliación del término constitucional, por lo que durante la audiencia inicial el juez Cristian Bernal Porras, adscrito a la sala 6 de Oralidad Penal del Reclusorio Oriente, definió su situación legal al encontrar los elementos necesarios para su vinculación a proceso.
La mujer fue trasladada de nueva cuenta al penal de Santa Martha.
El juzgador fijó al Ministerio Público de la procuraduría local y a la defensa legal tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
