La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el incremento a las sanciones contra quienes agredan o asesinen policías capitalinos con motivo del trabajo que desempeñan.
Durante la sesión de este jueves, el pleno de la Corte inició la discusión sobre diversas reformas al Código Penal de la Ciudad y la Ley de Cultura Cívica, mismas que fueron impugnadas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
En el primer punto analizado, los ministros avalaron, por unanimidad, el agravante a las sanciones contra quien agreda o prive de la vida a un policía o trabajador administrativo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia local.
“La seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, a la generación del orden público y la paz social.
“Es razonable que se haya impuesto una sanción mayor para el caso de que la víctima de homicidio o lesiones sea miembro de alguna institución de seguridad ciudadana en ejercicio o con motivo de sus funciones”, señaló la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa.
Originalmente, el proyecto establecía avalar el agravante únicamente para policías, pero los ministros acordaron ampliarlo a todos los trabajadores de instituciones de seguridad y procuración de justicia, incluido el administrativo y hasta de custodia en centros de reclusión capitalinos.
La reforma establece que se agravará la agresión en una tercera parte y se impondrán de 48 a 360 horas de trabajo comunitario.
Los integrantes del pleno consideraron que el artículo impugnado no viola el principio de igualdad porque está justificada la protección especial a esos funcionarios tomando en consideración el riesgo al que están expuestos por sus tareas.
El siguiente punto a analizar fueron las sanciones contra los empleados bancarios que colaboren en el robo a cuentahabientes, a quienes se les aplicarían las mismas penas que reciben las personas que ejecutan materialmente el asalto.
La ministra Esquivel propuso la validez de esta reforma, y aunque seis se opusieron, no fue suficiente para declarar la invalidez.
La Corte no concluyó la discusión de la acción de inconstitucionalidad, por lo que la próxima semana los ministros abordarán las penas que se prevén contra servidores públicos o exintegrantes de alguna corporación de seguridad que cometan extorsión.
En ese sentido, analizarán la viabilidad de aumentar al doble las penas, que originalmente van de cinco a 10 años de prisión.
