El gobierno capitalino endurecerá los delitos de carácter fiscal, pues a partir de 2022 bastará con que la parte acusadora presente un dictamen donde cuantifique el daño o perjuicio para la promoción de una denuncia o querella, para castigar, primordialmente, delitos cometidos por servidores públicos, además de que hicieron modificaciones para que estos ilícitos no prescriban a los cinco años.
Así lo establece el apartado V del Código Fiscal para 2022, que la Secretaría de Administración y Finanzas presentó ante el Congreso local, en el cual propuso reformar los artículos 73, párrafo I; 484, 486, 487 y 491; adicionar un párrafo IV al 495; así como derogar la fracción XII del 73; y los artículos 487 Bis y 488.
Todo ello, señala el documento, es con el propósito de otorgar mejores herramientas a la autoridad fiscal, que le permita salvaguardar la hacienda pública local, así como combatir a los delitos fiscales cometidos, sobre todo, por servidores públicos.
Aclara la propuesta que dicha cuantificación sólo surtirá efectos para el procedimiento penal, a efecto de evitar que dicho documento o estimación se invoque en los procedimientos administrativos, procurando nuevamente la independencia de las vías administrativa y penal. Consideran en esta reforma la posibilidad de que la Procuraduría Fiscal capitalina solicite información a las autoridades locales y federales, a fin de indagar delitos.
