Metrópoli

¿En qué consisten las 7 denuncias presentadas por Lía Limón en contra de Layda Sansores?

Estas denuncias contemplan los delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito

Foto: Especial
07/02/2023 |21:39Omar Díaz |
Redacción El Universal
Periodista de EL UNIVERSALVer perfil

Este martes por la tarde, la alcaldesa de , Lía Limón, interpuso siete denuncias en la Fiscalía de la CDMX en contra de Layda Sansores , exalcaldesa y hoy gobernadora de Campeche.

Estas denuncias contemplan los delitos de corrupción , ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Estas denuncias son por:

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3 programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos

3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos

1 convenio con una Asociación Civil con un daño por 8.2 millones de pesos.

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La alcaldesa detalló que el programa Mercomuna se creó en mayo de 2020, en plena pandemia, con el objetivo de apoyar la economía de familias vulnerables, así como de comercios locales.

Contó con un presupuesto de 31.2 millones de pesos. A las familias en vulnerabilidad se les debían entregar vales por montos entre 500 y mil 50 pesos y con ellos, podrían adquirir bienes básicos en comercios que se afiliaron al programa. Al final, los comercios canjearían los vales en la alcaldía por dinero en efectivo.

Se detectaron tres graves problemas: No hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados. No se realizó el censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la Ley y en el padrón de comercios no existe.

“Lo más delicado: la entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por los 31.2 millones de pesos, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía”, dijo Limón García

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Los otros dos programas sociales con irregularidades son: Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno de las Personas Mayores y Grupos de Atención Prioritaria, y Promotores del Desarrollo Social.

El primero tuvo por objetivo brindar cursos, talleres, bailoterapia, ejercicio físico y mental a adultos mayores y población prioritaria. Tuvo un presupuesto en los tres años de 12 millones de pesos, pero no hay evidencia que se hayan realizado los 240 mil servicios programados para los tres años, en especial, cuando en 2020 y 2021, las instalaciones de la alcaldía estuvieron cerradas por la pandemia .

En tanto, el programa Promotores del Desarrollo tuvo por objetivo atender a la población de zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social y tuvo un presupuesto de 27.6 millones de pesos en los tres años, pero no se cuenta con evidencia de haber alcanzado la meta de usuarios finales: 70 mil 500 en 2019 y 190 mil en 2020 y 2021. Adicionalmente, los padrones de los facilitadores y promotores tienen muchas irregularidades.

Más irregularidades

Además, se hicieron contratos de adquisición de calentadores solares y de paso. El objeto de estos contratos fue la adquisición de cinco mil 658 calentadores solares para 81 colonias, por un monto de 31.2 millones de pesos, y de mil 78 calentadores de paso para 14 colonias por 5.4 millones de pesos. Ambos como parte de los presupuestos participativos 2019.

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Sin embargo, no se pudo comprobar que los calentadores comprados fueron los recibidos en almacén. No existe esta evidencia en las facturas ni en las notas de remisión. La entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales sino a los coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza de su destino final. Adicionalmente, no hay evidencia de entrega de 765 calentadores solares y 181 de paso.

Además, se firmó un convenio con una Asociación Civil para la ejecución de un proyecto llamado ‘Alcaldía Inteligente’ que tenía por objeto instalar puntos Wifi en edificios públicos de la alcaldía, digitalizar las bibliotecas y al final donar equipos y software a la alcaldía. Tuvo un monto de 8.2 millones de pesos.

No obstante, no se realizó la conversión de bibliotecas públicas a bibliotecas digitales y no hay evidencia de las zonas Wifi que se hayan instalado y no se formalizó convenio de donación para la entrega de equipos y software. Por lo tanto, no se justifica el gasto.

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