El presunto desvío de recursos por casi mil millones de pesos realizado por Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, es “uno de los fraudes que más daño ha provocado a las finanzas públicas capitalinas”, expresó el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ulises Lara López.
En un mensaje a medios, Lara señaló que “de manera dolosa, en uso del cargo en el que se encontraba, posiblemente organizó una red fraudulenta junto con personas servidoras públicas allegadas a su puesto, con fines de enriquecimiento ilícito”.
Reiteró que no existe una vulneración a la salud del imputado para que permaneciera en su domicilio, como lo aseguró la defensa al argumentar un padecimiento crónico degenerativo.
Tras hacer una valoración médica certificada de su estado de salud, se estableció que el exservidor público se encontraba en buen estado físico, que no le impide continuar su proceso en reclusión.
Por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que Miguel Ángel Vásquez no entregó las pruebas necesarias a la fiscalía capitalina como parte del acuerdo como testigo protegido y no se entregó el dinero que fue desviado, por lo que tuvo que regresar al Reclusorio Norte.
En conferencia de prensa, indicó que se le dio ese beneficio y no había pruebas de los dichos; recordó que el exfuncionario mancerista está imputado por el presunto desvío de recursos de más de mil millones de pesos.
“El modus operandi consistió en que en dos días contrataron una empresa y se le pagó mil millones de pesos llegando al gobierno y, en efecto, estaban todas las pruebas”, comentó.
Refirió que Miguel Ángel Vásquez dijo tener pruebas de a dónde había parado el recurso desviado, y aportó la información, pero no las evidencias suficientes.
Hasta el momento, no se sabe nada del dinero desviado de las arcas del gobierno de la ciudad que fueron extraídos de forma ilegal.
La operación delictiva se cometió en tres pasos; el primero lo encabezó Vásquez y consistió en desviar recursos a través de la “Solicitud de devolución del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”.
Un grupo de servidores públicos coludidos simuló hacer dicha actividad mediante la contratación de tres empresas que recibieron un pago a cambio. El grupo fue conformado por personas de la total confianza de Vásquez, algunas con parentesco y conocidos entre ellos mismos.
El dinero desviado fue de aproximadamente mil millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas, que cobraron 20% del recurso, a cambio de su apoyo en la simulación.
Lo anterior dio pie, refieren las indagatorias, a una enorme operación de desvío de recursos, donde el dinero posiblemente fue entregado a personas cercanas al exfuncionario, a fin de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del gobierno capitalino y otros actores.
En el segundo modo de operar, el grupo de funcionarios realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno.
El desvío se efectuó a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Se trasladó el dinero para ser entregado a los empleados por medio de supuestos pagadores habilitados, pero no fue distribuido en su totalidad.
El tercer paso es el de la Central de Abasto, donde Julio César Serna realizó despojo de bodegas con clausuras para venderlas de forma ilegal.
En la Central de Abasto probablemente celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.
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