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Ante las 875 carpetas de investigación, los cuatro asesinatos, 27 asaltos y demás ilícitos, como encubrimiento, extorsión, amenazas, secuestro, atentados e, incluso, incendios en la Central de Abasto (Ceda), los más de 90 mil locatarios y trabajadores de ese mercado le temen más a la inseguridad que a los contagios y fallecimientos por el Covid-19.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado local del PRI, Ernesto Jiménez Alarcón, comentó que ante esa situación los comerciantes le exigieron servir de portavoz de sus demandas, “porque saben que de difundirse su nombre, su vida y la de sus familiares están en peligro”, afirmó el también presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso local.
Por ello, confía en que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, cumplirá con su palabra de aumentar el número de uniformados en la Ceda y que en lo inmediato habrá resultados con detenciones de extorsionadores.
Sin embargo, el priista sostuvo que además es necesario plantear una estrategia incluyente, donde los participantes, autoridad y elementos policiacos intervengan, a fin de que los visitantes se sientan seguros al hacer sus compras.
Aunque tanto los locatarios como los clientes, dijo el legislador, argumentan sentirse inseguros en este mercado, “pues la extorsión ha aumentado, así como el cobro de piso por supuesta protección a los oferentes, robo dentro de los pasillos, de lo que también son víctimas los visitantes”, denunció.
