Toluca, Méx.— De uno a ocho años de prisión y hasta multas de 400 unidades de medida y actualización (UMAs), de acuerdo con la cantidad extraída, almacenada o vendida de manera ilegal, podrá alcanzar el huachicoleo de agua, que ahora es un delito, luego de las reformas al Código Penal aprobadas, por unanimidad, en el Congreso mexiquense.
Ayer viernes, en el cierre del periodo ordinario de sesiones, los cambios avalados por los diputados equiparan el delito de sustracción o apropiación de agua potable con el de comercializarla, almacenarla, ocultarla o resguardarla para su uso o consumo en cualquier modalidad.
De acuerdo con los legisladores de Morena, promoventes de la iniciativa, la práctica ilícita genera, tan sólo en el ayuntamiento de Ecatepec, ganancias anuales por mil millones de pesos, de ahí la intención de erradicar el robo y sustracción de agua potable de la infraestructura hidráulica que se registra principalmente en los ayuntamientos de la zona oriente y conurbados con la Ciudad de México.
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EL UNIVERSAL publicó que la extracción y venta del agua hurtada de la red pública de al menos 10 colonias de Ecatepec, están sin freno y se hace a plena luz del día. Los vecinos la compran porque padecen escasez.
En febrero pasado, integrantes del Cabildo de Ecatepec realizaron adiciones al artículo 149 del Bando Municipal, donde se faculta a autoridades municipales para sancionar con hasta 36 horas de arresto a personas que extraigan agua ilegalmente.
Ayer, en el Congreso mexiquense, los legisladores dieron luz verde a las reformas que castigan el robo del líquido y establece que a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipa u otro medio de almacenamiento, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente expedidos por la autoridad competente, con la finalidad de obtener un beneficio económico, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 50 a 200 unidades de medida y actualización.
También se establece que si un servidor público está involucrado en la sustracción ilegal del agua, las penas se incrementarán una mitad adicional.
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De igual forma se impone hasta ocho años de cárcel contra la persona que la explote o comercialice.
En su intervención en tribuna, el legislador morenista Daniel Sibaja subrayó el respaldo de todos los grupos parlamentarios para enriquecer la iniciativa y encontrar soluciones a los problemas de los mexiquenses, pues hay familias que llevan más de cinco años sin una gota de agua en sus domicilios, mientras organizaciones delictivas roban el líquido de la red hidráulica.
En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Maurilio Hernández, señaló que el tema es importante, por lo que consideró que el Congreso de la Ciudad de México deberá hacer reformas y homologar las penas, pues es un delito que opera el crimen organizado y que traslada recurso de la entidad mexiquense hacia la capital del país, afirmó el también coordinador de los diputados de Morena.
En comisiones, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijeron que la reforma abona al combate a la delincuencia.
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