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Toluca, Méx.— El coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, informó que en 90% de los municipios, cerca de 112 de las 125 demarcaciones, se tienen identificados problemas de asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo latente.
“Entiendo que la necesidad de la gente de tener una vivienda y acceder a un predio o una vivienda a bajo costo o con facilidades de pago ha generado este tipo de asentamientos irregulares”, dijo al señalar que también la permisividad del gobierno estatal anterior y las autoridades municipales han agravado esta problemática.
El coordinador de Protección Civil estatal enfatizó que los gobiernos municipales son quienes tienen la facultad para otorgar las licencias de construcción, por tanto, son los responsables de prevenir ese tipo de asentamientos irregulares, de acuerdo con el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.
Indicó que harán recomendaciones a los municipios y a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura para que se atienda con prontitud los nuevos casos de esta problemática y el rezago existente.
Además, refirió que hoy en día 39 municipios tienen desactualizado su Atlas de Riesgo, el cual —por obligación de la normatividad— deben renovar cada año. “(...) Nosotros ya estamos actualizando el Atlas Estatal de Riesgos y tenemos hasta diciembre para terminarlo. Ahorita no quisiera decir nombres de los municipios porque es exhibir y tenemos que estar trabajando en conjunto los tres órdenes de gobierno (…) no sé si sea un tema de resistencia o de falta de recursos”.
Otras de las acciones en las que se trabaja es en reforzar la capacitación de los cuerpos de emergencia estatales, dispersar los recursos para mecanismos orientados a la prevención, mitigación de riesgos, instrumentos y sistemas de alertamiento.
Además de elaborar programas especiales por cada fenómeno que pueda afectar a cada uno de los municipios, fortalecer los mecanismos de respuesta en casos de emergencia y desastres bajo una adecuada toma de decisiones, y la integración del sistema de evaluación de daños que permita una recuperación en menor tiempo y la reconstrucción adecuada de los bienes.
