Como parte del Plan de Política Criminal 2024, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) busca que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México incluya el modus operandi utilizado por el llamado Cártel Inmobiliario.
En el documento presentado al Congreso capitalino, la fiscalía señala que el Sistema Anticorrupción local realizará “la compilación y procesamiento de la información consistente en las conductas, actividades y demás elementos, para identificar las causas que generaron estos hechos de corrupción”.
Destaca que el objetivo es “que este modus operandi no se repita en la Ciudad, para lo cual, permitirá al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México la compilación y procesamiento de la información”.
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El plan para atacar este delito también consiste en que las denuncias serán clasificadas como “corrupción inmobiliaria”, para que sean atendidas por la fiscalía capitalina de acuerdo con la reforma enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, al Congreso.
La iniciativa busca incluir el capítulo 15 en el Código Penal local para tipificar el delito de corrupción inmobiliaria e imponer penas de 10 a 20 años de prisión.
El Plan de Política Criminal 2024 refiere que a través de las investigaciones de la fiscalía, se logró identificar el modelo de actuación de la anterior administración, que “realizó el uso indebido de recursos públicos, y aprovechándose de las atribuciones y facultades de algunas alcaldías en materia de desarrollo urbano, realizaron actos de corrupción al permitir violaciones a las normas urbanas y de construcción”.
Añade que por el esquema de corrupción inmobiliaria se formularon diversas imputaciones ante un juez de Control que derivaron en 31 vinculaciones a proceso; 10 inmuebles entregados como reparación del daño, 59 asegurados y 52 domicilios cateados; cinco cuentas bancarias aseguradas y 10 fichas rojas tramitadas para dar con responsables de esta operación.
Otro de los puntos es ”fortalecer” la coordinación con las unidades de Inteligencia Financiera, tanto de la Ciudad de México, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para contar con datos de prueba que robustezcan las investigaciones contra servidores y exfuncionarios por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los puntos centrales del documento es que la fiscalía pondrá “en el centro a la víctima”, para atender de manera prioritaria a las personas que se vieron afectadas por el Cártel Inmobiliario.
Refiere que tras las investigaciones y aseguramientos, las víctimas no pueden habitar ni regularizar sus viviendas. Esto representa 20% de los inmuebles, es decir, 59 que se encuentran bajo investigación.
Para ello, la FGJ implementará una mesa de atención y diálogo con las víctimas de corrupción inmobiliaria que no pueden habitar ni regularizar sus viviendas.
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Delitos
El documento enviado al Congreso de la Ciudad de México por el encargado de despacho de la fiscalía, Ulises Lara, refrenda la reducción de delitos de alto impacto de 60.29% de 2019 a 2023.
Sin embargo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que hasta noviembre de 2023 se incrementaron 9.6% los delitos como homicidio doloso en comparación con 2022.
Así como el robo a casa-habitación, el cual durante los primeros 11 meses de 2023 se contabilizaron 3 mil 165 carpetas.
Otro delito de alto impacto que presentó registros al alza, según el SESNSP, es la extorsión, con un aumento de 8.6% en comparación con enero a noviembre de 2022.
Hasta el cierre de ese año, el homicidio registraba 778 carpetas de investigación; el robo a casa-habitación, 3 mil 433, mientras que la extorsión, 496.
